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Sábado 30/11/2024
 
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Jaén

Sabalete deja el PSOE y renuncia a ser candidata

La juez Alaya la dejó en libertad con cargos en la madrugada de ayer

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El PSOE de Jaén comunicó ayer por la tarde que la exdelegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Irene Sabalete, que fue detenida el martes en el caso por los cursos de formación, había pedido su baja en el partido mientras se resuelve el proceso judicial y los hechos queden definitivamente esclarecidos.

Asimismo, Sabalete renunciaba a seguir formando parte de la candidatura socialista al Parlamento Andaluz, en la que ocupaba el noveno lugar, y de la candidatura del PSOE de Torredelcampo a las próximas elecciones municipales, a las que concurría en el puesto número cinco.

Por la mañana, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, había defendido la "honestidad y honradez" de la exdelegada y pedía, en declaraciones a los periodistas, que la Justicia fuera rápida porque las familias de los detenidos lo estaban pasando muy mal. Pero las novedades en el proceso, conocidas en las últimas 36 horas, hicieron que fuera la propia Sabalete la que comunicase ayer su baja.

Sabalete había quedado en libertad con cargos en la madrugada de ayer tras pasar a disposición de la juez Mercedes Alaya y ante la que se acogió a su derecho a no declarar.

Grabación
A la detención del martes por parte de la Guardia Civil, a Irene Sabalete se le unió la denuncia presentada ayer contra ella por parte del abogado Ángel Bordás, del Partido por la Libertad con las Manos Limpias.

La denuncia, presentada en la Fiscalía de Sevilla,  se refiere a un audio que le llegó de forma anónima, atribuido a Sabalete, grabado antes de las elecciones autonómicas de 2012. En el mismo, aseguraba a sus subordinados, directores de los consorcios de empleo llamados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de la provincia, que el consejero le había dicho que sus puestos estaban garantizados siempre que el PSOE ganase las elecciones, lo que según el abogado podría ser considerado un delito de amenazas y de tráfico de influencias.

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