El primer ministro francés, Manuel Valls, superó hoy la moción de censura presentada contra su Gobierno por la oposición conservadora y de centro por la reforma laboral que el Ejecutivo decidió aprobar sin el aval parlamentario.
La moción obtuvo 246 votos a favor, frente a los 288 que necesitaba para ser aprobada, por lo que el Gobierno se mantiene y la reforma laboral se considera aprobada en su primera lectura parlamentaria.
La moción fue respaldada por la oposición conservadora y de centro, además de los neo-comunistas, algunos ecologistas y algunos diputados socialistas.
Sin embargo, no contó con el respaldo de los llamados diputados socialistas disidentes, representantes del área izquierdista del partido, que la víspera habían tratado de presentar su propia moción y que ya anunciaron que no apoyarían una iniciativa lanzada por la derecha.
Es la segunda vez que el Ejecutivo de Valls supera una moción de censura, quince meses después de que lo hiciera tras la aprobación de la llamada "ley Macron", que contenía medidas liberalizadoras.
Como entonces, a falta de suficiente apoyo parlamentario para sacar adelante la reforma laboral, el jefe del Gobierno apeló al artículo 49.2 de la Constitución, que le permite aprobar una ley sin aval parlamentario.
Pero que le obliga a someterse, si la oposición lo decide, a una moción de censura, que en caso de tener el apoyo de la mayoría simple de la cámara supone su destitución.
Pese a que superó este trámite, la reforma laboral tiene ahora que pasar al Senado, una cámara controlada por los conservadores, por lo que a todas luces el texto será modificado.
La ley volverá entonces a la cámara baja, donde si no hay cambios Valls se verá obligado de nuevo a recurrir al 49.3.
A un año de las elecciones presidenciales y legislativas, el Ejecutivo francés afronta una triple oposición.
Por un lado, la de la derecha y la patronal, que consideran que la reforma laboral propuesta no flexibiliza lo suficiente el mercado de trabajo, lo que no dará margen a los empresarios para crear empleo.
Por otro, los sindicatos y la extrema izquierda, que consideran que el texto acaba con los convenios colectivos y debilita la postura de los trabajadores en las negociaciones con los patronos.
Su contestación se cataliza a través de manifestaciones, como la que hoy tuvo lugar en las calles de diversas ciudades de todo el país, y las que están previstas el martes y jueves de la semana próxima.
Una opinión que comparte el ala más izquierdista del Partido Socialista, representada por una treintena de diputados, un número suficiente para que el Ejecutivo carezca de mayoría suficiente para aprobar leyes.
