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Sábado 23/11/2024
 

Provincia de Cádiz

Competencia pone la lupa sobre Verinsur

El órgano de arbitraje ultima el expediente sancionador por posible reparto de clientes que afecta a 51 entidades del sector de gestión de residuos

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  • El vertedero de Las Calandrias es, según Competencia, clave en el reparto de clientes para Verinsur SA. -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está a punto de resolver el expediente sancionador contra 51 entidades del sector de la gestión de residuos y el saneamiento urbano por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Entre las empresas investigadas está Verinsur SA, con sede en Jerez, propietaria del vertedero de Las Calandrias, dedicada a la gestión de residuos, principalmente industriales, y responsable del servicio de recepción de basuras para su tratamiento y compostaje de los ayuntamientos de Jerez, Rota, El Puerto y Sanlúcar. La CNMC impuso una multa a 39 sociedades y tres asociaciones en 2015 por 98,2 millones de euros por el reparto de clientes; 1,1 a la compañía fundada por José Antonio Martínez Sánchez en 1994. Pero entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la Audiencia Nacional (AN) estimó los recursos presentados contra esta sanción anulándola porque consideró que la CNMC “no había acreditado la existencia de una infracción única y continuada general que se imputaba a todas las empresas porque no se había probado que cada una de las empresas participaba de un objetivo común y de un plan conjunto de actuación con el resto de las empresas sancionadas”. No obstante, el órgano de arbitraje decidió volver a incoar expediente en mayo de 2018 para investigar de manera individualizada las posibles sanciones.

La CNMC señaló a Verinsur en 2015 como responsable de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia “derivada de la aplicación del acuerdo o actuación concertada de reparto de mercado, que ha implantado en el ámbito de la gestión de residuos industriales en Andalucía y Murcia, apoyándose en el control de una planta de tratamiento de residuos en Andalucía desde al menos el año 2007”. A raíz de la investigación, que contó con inspecciones en las sedes de diversas empresas, entre ellas la firma gaditana, la CNMC dio como hechos probados el reparto del mercado en el sector de los residuos industriales al menos desde el 10 de julio de 2012 entre Ecogestión, con sede en Arcos, y Verinsur, y detalla el intercambió información con otros competidores como Cespa en 2010 y 2011, para conservar el contrato con Isofotón, o con Trabede. En este caso, un correo de Verinsur, del 7 de junio de 2012, indica que “Trabede debe desactivar el proceso de contratación con Aguas de Lorca (en Murcia) porque este es un cliente estratégico de Verinsur”.

También en Murcia, Magma Mediterráneo se dirigió a Verinsur en 2011 comunicándole que un cliente de esta le solicitó oferta y esperaba las instrucciones de los números que debía darle para quedar por encima de Verinsur. Finalmente, la CNMC detalla en su resolución el intercambio de ofertas y clientes entre Befesa, con sede en Sevilla, y Verinsur para “mantener la estabilidad en el reparto de mercado”. La CNMC contabilizó más de una treintena correos electrónicos entre ambas entidades con información “sobre las ofertas a presentar a los clientes que les soliciten presupuesto a ambas”. Está previsto que la nueva resolución se conozca en las próximas fechas, justo cuando a Verinsur se le acumulan los problemas con las denuncias del comité de empresa por recortes de personal y el Ayuntamiento de Jerez ha llegado hasta a plantear la revisión del actual contrato por el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos.

Sufi también fue multada

Sufi SA, la otra firma de la unión temporal de empresas que gestiona el vertedero de Las Calandrias junto con Verinsur SA, y nombrada por su actual denominación por parte de la CNMC, Valoriza, fue multada en 2015 con 15,3 millones de euros por el reparto de mercado en el ámbito del saneamiento urbano. La Audiencia Nacional también anuló la sanción, pero la CNMV vuelve a investigar sus prácticas contractuales.

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