El próximo 25 de mayo está previsto el reinicio de la actividad judicial, pero esta vuelta a la normalidad, después de meses en estado de alarma, está generando inquietud y preocupación entre los profesionales de la Justicia en Jerez, ante la falta de medidas de protección frente al coronavirus en las sedes judiciales, donde en circunstancias normales, diariamente, se produce una alta concentración de personas.
Por este motivo, tanto la juez decana de Jerez, como los decanos de los abogados y los procuradores de Jerez, han remitido un escrito a la Delegación territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Cádiz exigiendo al Gobierno andaluz que garantice la salud de los ciudadanos y de todos los profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales.
Abogados
El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, ha reclamado que las salas de vistas y sedes judiciales del partido judicial de Jerez estén dotadas de mamparas protectoras, EPIS, protocolos y medios de desinfección, “para que se puedan desarrollar todos los actos judiciales con las medidas de protección oportunas que garanticen la salud de todos los que intervienen en la administración de justicia, así como de todas las personas que deban comparecer en los mismos”.
El decano ha añadido que la Abogacía de Jerez se siente en la obligación de hacer este requerimiento, “ya que de no estar garantizada la salud de sus colegiados y de las partes que deban intervenir en los distintos procedimientos judiciales incluidos: jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios judiciales y peritos, se estaría poniendo en riesgo la salud de todos los que intervienen en la administración de Justicia”.
Asimismo, ha advertido a la Delegación de Justicia que, de no estar garantizada la salud en las sedes judiciales, “se deberán proveer los medios telemáticos necesarios para cada trámite procesal. Ya que de no adoptarse estas medidas preventivas, se pone en riesgo la asistencia de los letrados de Jerez a las sedes judiciales, lo que hará imposible la reactivación de la Justicia que tanto interesa a todos”.
Jueces
Por su parte, la juez decana de Jerez, Castillo Mendaro, ha explicado que, siguiendo las instrucciones del acuerdo adoptado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre reactivación de las actuaciones judiciales, a partir del 25 de mayo se reanudará a pleno rendimiento el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, momento desde el cual se permitirá el acceso a los profesionales, se practicarán diligencias en trámite y se celebraran los señalamiento ya programados, priorizando el uso de los medios telemáticos en las actuaciones judiciales y procesales.
La decana ha comentado que observa “con preocupación los obstáculos con los que nos encontramos en estos momentos para asumir las funciones que nos vienen encomendadas, con instalaciones deficientes y equipos informáticos anticuados, que impiden incorporar a nuestro día a día el uso de medios telemáticos para la celebración de juicios, vistas y comparecencias”.
Además, Castillo Mendaro ha apuntado que la falta de inversión en la administración de Justicia “es endémica como el virus que nos azota, sin que haya cambiado nada desde el día 14 de marzo hasta la fecha, y por ello, no podemos obviar que tales medios telemáticos son limitados, escasos y obsoletos, sin que se pueda implantar como el sistema habitual en nuestro quehacer diario, sin perjuicio de que se haga uso de ello en todo lo posible, pues somos los primeros interesados”.
Lo importante, ha señalado la decana, es no perder de vista que a partir del 25 de mayo se tienen que empezar a celebrar los juicios, señalar los que están suspendidos y establecer un plan de choque para evitar una pendencia insostenible. “Para ello –ha dicho- tenemos que contar en las sedes judiciales con todas las medidas necesarias que garanticen la salud, de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios de Justicias, abogados y procuradores, así como de los justiciables”.
“Por ello –ha añadido-, es imprescindible que por parte de la administración autonómica, que tiene delegadas las competencias en materia de Justicia, se suministren los EPIS necesarios, se proceda a la instalación de mamparas protectoras en las oficinas judiciales y salas de vista, establecer un protocolo de desinfección de las salas entre juicios y, en definitiva, adoptar todas las medidas necesarias que permita la reanudación de la actividad judicial a pleno rendimiento y con la seguridad de evitar contagios”.
Por último, Castillo Mendaro ha hecho referencia al Consejo General del Poder Judicial, “que deberá realizar los esfuerzos necesarios para reforzar a aquellos juzgados que entrarán en colapso ante el incremento de asuntos que se están detectando en determinadas jurisdicciones”.
Procuradores
En la misma línea que los jueces y abogados, han manifestado su preocupación por las condiciones en el inicio de la actividad judicial los procuradores. En este sentido, el decano del Colegio de Procuradores de Jerez, Fernando Carrasco, ha informado que en la Junta de Gobierno Extraordinaria del martes 5 de mayo, en la que se acordó pedir la derogación del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la administración de Justicia, los procuradores destacaron que “no se asegura la protección a nuestra salud, no se nos indican qué medidas de verdad se van a adoptar en las salas de vistas y en las salas de espera, qué pantallas de protección habrá, cómo se va a mantener la higiene en sillas, mesas y micrófonos entre vista y vista…, en todas las salas que estén celebrando a lo largo del día. Parece ser que con eximirnos del uso de la toga ya se nos da protección suficiente”.
“Por otra parte –se detalla en el acta de la Junta- el procurador tiene que asistir a diario a las distintas sedes judiciales para presentación en papel de copias de demandas, a realizar gestiones necesarias para la tramitación de los procedimientos, a retirar o entregar dispositivos de digitalización, a retirar o entregar causas penales que todavía se están tramitando en papel. Y el Real Decreto no aclara cómo debe ser nuestra actuación para una adecuada protección”.
