La Guardia Civil ha detenido en Alicante a cuatro personas de entre 34 y 50 años de edad, e investiga a otra mujer de 29 años, por formar parte de una supuesta trama de trata de seres humanos y explotación sexual a mujeres vulnerables. Las víctimas consiguieron huir y pedir auxilio a una pareja de agentes en Almería.

Los cabecillas del entramado eran un matrimonio que regentaba un restaurante y el cual organizaba los viajes a las víctimas para después, mediante engaño, reclamar una deuda que debía ser saldada ejerciendo la prostitución, ha indicado la Comandancia en un comunicado.

Una vez captadas, los proxenetas se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las mujeres, las cuales se encontraban solas en un país donde no conocían a nadie y no disponían de ningún recurso económico. Además, los autores negaban el acceso a las llaves de la vivienda y al dinero que ganaban del ejercicio de la prostitución

Las mujeres, que también estaban siendo amenazadas, consiguieron finalmente huir y pudieron pedir auxilio a una pareja de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Esta operación, denominada 'Operación Zulia-Aragua', arrancó en 2019, cuando dos mujeres se encontraron con una patrulla de la Guardia Civil a la que manifestaron que habían sido traídas a Alicante mediante un engaño y que habían sido víctimas de un delito de explotación sexual bajo amenazas.

Ante la gravedad de los hechos, se inició una investigación conjunta por parte de los Equipos Mujer Menor (Emume) de las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante y Almería.

Asimismo, las pesquisas determinaron que habían sido traídas a España a través de un matrimonio afincado en la provincia de Alicante que regentaba y que, a su vez, había creado una agencia de viajes con el único fin de poder traer mujeres de diferentes países latino-americanos sin levantar sospechas.

Para ello, contactaban previamente con las mujeres, todas ellas habían huido de sus países de origen por sufrir situaciones de pobreza extrema. Les informaban que ellos correrían con todos los gastos del viaje, y que esa cantidad la tendrían que devolver luego a través de jercer la prostitución en España en lugares regentados por ellos.

CONTROL AEROPUERTO

A las que accedían, les enviaban los billetes de avión desde España para que viajaran desde los países y encontrarse en el Aeropuerto de Barajas, momento en el que les daban instrucciones de cómo pasar el control de inmigración. En concreto, les enviaban los billetes de ida y vuelta, (aunque el viaje de vuelta ya no lo iban a utilizar), y les indicaban que manifestaran que venían como turistas, a hacer turismo en España.

A su llegada a España, las trasladaban a una vivienda de Alicante, donde les informaban que la deuda que habían contraído ascendía a cantidades de entre 1.500 y 2.300 euros, y les explicaban las condiciones para su devolución. Dichas condiciones consistían en que el importe se pagaría de manera íntegra con el ejercicio de la prostitución y que el total de cada uno de los servicios prestados iría para los proxenetas.

No obstante, ellas no tendrían acceso al dinero y serían los proxenetas los que concertaran los pagos con los clientes y así descontar la mitad de ese servicio del importe total de la deuda. Por otro lado, al no disponer las mujeres de dinero ni tan siquiera para su manutención, serían los proxenetas los que se harían cargo de los gastos de su manutención, alimentación y ropa. Si bien todos esos cargos se sumarían al importe de la deuda contraída.

PÁGINAS WEB

Los problemas empezaron cuando, con la llegada de un nuevo socio al negocio de prostitución, éste se hizo con todas las llaves de la vivienda donde vivían y ejercían la prostitución. También les daba indicaciones de que tenían que pedirle permiso para salir de la vivienda y hacerlo solo de manera individual para dar cortos paseos por los alrededores.

Igualmente, empezó a ofrecer en distintos sitios web de anuncios de prostitución la realización de distintos sexuales sin el conocimiento ni consentimiento de ellas.

Esta circunstancia motivó que las mujeres se negaran a la realización de distintas prácticas sexuales y que los clientes reprocharan que dichos servicios estaban anunciados. Lo que creó que se creara un clima de tensión con los proxenetas, los cuales empezaron a reprochar a las mujeres que si no accedían a dichos servicios no podían competir con otros sitios de prostitución de la zona.

Además, la situación de coacciones y de amenazas provocó situaciones en las que las mujeres rompían a llorar durante los servicios sexuales, y que les dijeran a los clientes que estaban obligadas a realizar esos tipos de servicios.

Al conocer los proxenetas estos hechos por los propios clientes a la hora de realizar el pago, echaron a las mujeres a la calle, con lo puesto, sin dejarles recoger sus pertenencias y sin dinero. Asimismo, desmantelaron la vivienda en la que se ejercía la prostitución ante el temor a una denuncia. Por último, advirtieron a las mujeres de que el resto del pago de la deuda les tendría que ser enviado a la mayor brevedad posible.

AMENAZAS EN ALMERÍA

Dos de las mujeres del grupo que estaba siendo explotado pidieron dinero a través de una remesadora de dinero internacional, en concreto a amistades que tenían en un país europeo, los cuales les enviaron una cantidad de dinero para que pudieran abandonar Alicante y les facilitó el teléfono de compatriotas suyas afincadas en Almería para que las alojaran.

Pero desde su llegada a Almería, empezaron a recibir en sus teléfonos móviles amenazas constantes en las que se les reclamaba el pago de la deuda, motivo por el cual, ante el temor de que los proxenetas pudieran saber su paradero, pidieron auxilio a una patrulla de la Guardia Civil.

Por tales hechos, y tras dos años de investigación, se ha detectado a un total de cinco mujeres que habían sido traídas a España con el mismo 'modus operandi', de las cuales tres han prestado declaración en calidad de víctimas de los delitos investigados.

Finalmente, el 14 de abril se produjo la detención del citado matrimonio junto a dos personas más, uno hombre que había participado activamente en la explotación sexual de las mujeres, y otro que había participado en las labores de captación en los países de origen de las denunciantes.

A todos ellos se les imputa como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

También se ha procedido a la imputación de los mismos hechos en calidad de investigada a una mujer de 29 años la cual ejercía labores administrativas en la agencia de viajes.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se ha decretado como medidas cautelares la retirada de pasaporte y la presentación periódica.