Doce días después de que cuatro familias que residen en los bloques números 7 y 8 de la urbanización Albatros ubicada en Lomas de Martín Miguel fueran desalojados preventivamente al surgir grietas en su estructura y un socavón en sus bajos tras las fuertes lluvias caídas estos días, el conflicto entre los vecinos, la empresa promotora y las administraciones públicas no ha hecho más que empezar.

Por un lado se encuentra la comunidad de propietarios, presidida por Juan Pérez, quien acusa a las administraciones de “no querer reconocer el estado de ruina de la vivienda para no tener que pagar nada ni ocuparse del realojo de los vecinos”. “No hay informes técnicos y, por tanto, la compañía de seguro no puede intervenir”, explica Pérez, que asegura que no abandonará su domicilio hasta que “la Administración nos diga qué debemos hacer”. Además, su situación económica no le permite hacer frente a una mudanza o a alojarse en un hotel, argumenta.

Este vecino señala que el bloque en cuestión(de tres niveles con garaje y ocho viviendas en total, aunque no todas se encuentran ocupadas habitualmente, bien por estar en alquiler o porque ni siquiera han sido vendidas todavía), se ha hundido 11 centímetros según un peritaje contratado de parte. “Pero por lo visto está todo perfecto, salvo que se está derrumbando”, se queja. Pérez lamenta además que la promotora, Loira Pracsa, (“que ni siquiera paga la comunidad”) y la constructora, San José, no aportan ninguna solución. La alta morosidad de la urbanización les impide asimismo emprender medidas legales o financiar estudios técnicos, indica Pérez. Otro aspecto a tener en cuenta, según el afectado, es que aunque el Ayuntamiento dio licencias de ocupación, todavía no ha recepcionado las obras. De ahí que sus quejas vayan contra la promotora y la constructora.

El presidente de la comunidad de propietarios explica asimismo que han solicitado ayuda al Defensor del Pueblo para que medie en esta polémica.

EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, fuentes municipales indicaron ayer a este medio que el Ayuntamiento de Sanlúcar “lo único que puede hacer es dirigirse a las partes para que aporten la documentación pertinente para determinar la responsabilidad de lo sucedido, así como instar al propietario a que repare el edificio. Si el propietario no lo hace, el Ayuntamiento tendrá que intervenir entonces con carácter subsidiario”.

Estas mismas fuentes aseguraron que los responsables municipales intentarán mediar con la empresa promotora, “que deber ser la que responda si hay problemas de cimentación o de estructura”. En este sentido, desde el Ayuntamiento se indica que la declaración de ruina necesita de una documentación técnica y una homologación que la avale. Estas fuentes explican que el documento firmado por el presidente de la comunidad, JuanPérez y el administrador, José Luis Barrero, en base al que pretendían certificar la ruina del inmueble no tiene validez. “La comunidad de propietarios ha contratado a un aparejador, que además no dice que el edificio esté en ruinas. Si se declarara la ruina física inminente, procedería el derribo del edificio, que debería correr a cuenta de los propietarios”.

Respecto a las quejas de los vecinos, desde el Ayuntamiento se considera que la comunidad de propietarios “no está bien asesorada” y entienden que deberían llevar el asunto a los tribunales.
Finalmente, las mismas fuentes muestran su extrañeza por lo sucedido, ya que “el edificio tiene tres años y el seguro legal cubre diez años”.