Los médicos privados están que trinan. La razón es que las aseguradoras les pagan lo que consideran una auténtica miseria por sus servicios. Normalmente los emolumentos están por debajo de los 20 euros brutos por una primera consulta de especialista, menos de 10 para el médico general y la mitad, respectivamente, para revisiones. Según publica
El País, el problema radica en que las cinco principales compañías se reparten más del 70% del mercado:
Adeslas (29,2%), Sanitas (15,7%), Asisa (13,4%) DKV (7,2%) y Mapfre (6,8%). Es un oligopolio en toda regla que impide a los médicos negociar unas tarifas medianamente decentes porque o las aceptan o se quedan sin clientes. Así, se da la insólita circunstancia de que, por ejemplo, sale más barata una suscripción mensual a Netflix que “salvar la vida” gracias a una consulta a tiempo se les pague 16,5, el precio aproximado más frecuente por una primera consulta en el especialista.
Los médicos hablan de
“injusticia”, “humillación”, “explotación” o “esclavismo” y ese enfado no es nuevo porque llevan con años denunciando este problema. En la última Convención de la Profesión Médica, celebrada en noviembre, volvieron a denunciar un sistema que, sostienen, "lleva más de 30 años con los mismos emolumentos". El Colegio de Médicos de Sevilla puso en marcha hace ahora dos años una campaña que bajo el lema #NoEsJusto, compara que arreglar una lavadora cueste 59,95 euros, mientras que por “salvar la vida” gracias a una consulta a tiempo se les pague 16,5," el precio aproximado más frecuente por una primera consulta en el especialista". Asimismo, la campaña compara esa misma cifra por detectar un cáncer a tiempo frente a los 9,95 euros de una hamburguesa.
Hay que tener en cuenta que con el escasísimo dinero que reciben los médicos privados tienen que pagarse todo: local, consulta, equipamiento, asistentes, impuestos, seguros, suministros... y en el caso de estar en consulta en hospitales privados, pagarles a ellos, ya que son muchos los centros que no los tienen contratados al ser autónomos.
Como refleja El País, en el mes de octubre, "una decena de sociedades médico-científicas firmaron el Manifiesto Dignifica, que habla de una posición “dominante” de las aseguradoras, que se llevan “pingües beneficios” y que puede conducir a dos problemas que califican de muy graves: “El sobrediagnóstico (realizar diagnósticos más graves o solicitar más pruebas de las necesarias, para poder cobrar baremos mayores) y el no realizar procedimientos, dado que el esfuerzo que precisan no se corresponde al pago recibido, lo que deja indefenso al paciente”. Por otra parte, la asociación de médicos de ejercicio libre (Unipromel), "que agrupa a 5.000 profesionales y canaliza sus reivindicaciones, pide que las tarifas se actualicen con el IPC de todo el tiempo que han estado congeladas, lo que supondría subir un 150% sus tasas". Su presidente, Ignacio Guerrero, explica que cuando se establecieron los baremos eran “muy razonables”. “Un ginecólogo cobraba 50.000 pesetas [300 euros] por un parto, y ahora lo normal es no subir de 280 euros; yo operaba cataratas por 45.000 pesetas y ahora están pagando 230 euros”, señala. Con la actualización que piden, la consulta de un especialista se quedaría en torno a los 40 euros brutos, algo que considera un precio “más justo”.
También el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha denunciado “indicios de posición de abuso y de dominio”, con fijación unilateral de baremos, imposición de condiciones, obstáculos en el desarrollo de la actividad de los facultativos y exclusión de los cuadros “casi siempre a la conveniencia de las aseguradoras médicas”. “Cuando se defiende la eficiencia de la privada de lo que se habla, en realidad, es de un recorte brutal en nuestras tarifas. La sanidad privada no es mucho más eficiente, lo que pasa es que está secuestrada por unos grupos económicos muy potentes. No está en manos de los médicos, sino del capital riesgo”, protesta Guerrero en El País.
La otra parte se defiende. El periódico se hace eco de las manifestaciones de las empresas del sector privado, unificadas en la Fundación IDIS, que defiende sus intereses. Fuentes de esta organización reconocen a El País que es necesario tender hacia un aumento de las tarifas, pero niegan la mayor: “Es mentira que cobren lo mismo que hace 30 años, cada aseguradora sube unos u otros honorarios, pero todas los actualizan y no hay una tarifa plana en todos lados, en cada territorio y especialidad varía” y justifican las bajas remuneraciones, que están a la cola de los países del entorno, con la ley de oferta y la demanda. “Los médicos van a volumen y si atienden a muchos pacientes pueden ganar mucho dinero”.
El problema al final lo paga el paciente, ya que el bajo coste repercute en una mala atención. Para poder simplemente cubrir gastos, un médico privado tiene que ver a una ingente cantidad de pacientes al día. “Con pólizas a 30 euros para toda una familia y con consultas ilimitadas es difícil mantenerla” declara al periódico Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). “Los efectos de la pandemia y el consecuente aumento de la lista de espera en el ámbito público han hecho que usuarios que antes hacían un uso mixto, es decir, utilizaban ambos sistemas, ahora se decanten por utilizar solo el privado. Esto, junto con el incremento de las pólizas low cost, genera que efectivamente haya un aumento de tiempos de espera en las urgencias (lo que equivaldría a la atención primaria del circuito público), pero no ocurre en la mayoría de las especialidades o en el ámbito quirúrgico, que aún cuenta con capacidad holgada”, destaca.
El presidente del colegio sevillano, impulsor de la campaña, Alfonso Carmona, pidió en la convención de la profesión “unión” de los profesionales para exigir mejoras. Unipromel recurrió a la Comisión Europea para denunciar "lo que consideran prácticas abusivas de las aseguradoras, pero el organismo no consideró oportuno intervenir por tratarse de un problema nacional".
