Los miembros de la mesa negociadora por parte de FES UGT decidieron aplazar provisionalmente la huelga estatal en el sector de la seguridad privada, que estaba prevista para los días 29, 30 y 31 de marzo y que afectaba a unos 20.000 trabajadores andaluces, de forma que denunciará los servicios mínimos al efecto de "evitar que ante una nueva convocatoria de huelga se vuelva a producir tal atropello de los derechos sindicales".

En una nota, la secretaria sectorial regional de seguridad privada de FES UGT-A consideró que los servicios mínimos que el Ministerio de Interior ha impuesto son "anticonstitucionales".

Del mismo modo el secretario sectorial regional de seguridad del sindicato, Eduardo Carrillo, informó que "las medidas de presión continuarán contra esta patronal prepotente, rancia, y sin escrúpulos, endureciéndose las reivindicaciones de todo el colectivo de seguridad privada una vez finalice la Semana Santa, no descartando en ningún momento la posibilidad de reanudar en breve la convocatoria de huelga".

"Es evidente que tanto las empresas de seguridad privada, como el Ministerio de Interior, en presumible alianza común, están intentando, a toda costa, silenciar los gritos de los 100.000 profesionales del sector de la seguridad privada, gritos que exigen unánimemente un 'basta ya', un basta ya de la permisividad que se está cometiendo en materia de intrusismo profesional en este sector tan castigado", aseveró.

Unos 20.000 trabajadores andaluces estaban llamados a la huelga en el sector de la seguridad privada durante parte de la Semana Santa, en protesta por la paralización de la negociación del nuevo convenio colectivo.

Según indicaron a Europa Press fuentes de FES UGT-A, la huelga está convocada por dicha central sindical a nivel nacional y afecta al conjunto de la seguridad privada, tanto en aeropuertos, bancos, instituciones públicas como metro u hospitales, escoltas, blindados o centros comerciales.

Las fuentes lamentaron que los trabajadores del sector llevan "año y medio sin convenio, con los problemas económicos que conlleva, porque la patronal del sector se niega a sentarse con la parte social".