El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, manifestó ayer en el Parlamento andaluz su acuerdo con la FAMP respecto a la constitución de un Consejo de Gobiernos Locales para la defensa y protección de la autonomía local.

Según explicó el regidor, la finalidad de este organismo sería la de "conocer con carácter previo cuantos anteproyectos de leyes, planes o proyectos de disposiciones reglamentarias y actos administrativos de carácter general se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma, e informar sobre su posible impacto en el ámbito competencial local".

Durante su intervención en la Cámara andaluza con motivo del debate agrupado de comparecencias de los proyectos de ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de la Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, Ocaña consideró ambos textos "fundamentales para la configuración de unos gobiernos locales fuertes, responsables, con competencias y recursos para afrontar los retos" existentes en los municipios.

Sobre la participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, el alcalde reclamó que la futura ley extienda sus efectos a partir del 1 de enero de 2010, con una aportación de 600 millones de euros, y acorte el periodo transitorio de forma que se cuente el 100 por cien en 2012, fecha en la que se dotaría a los municipios andaluces con 1.000 millones de euros.

El alcalde de Córdoba lamentó el "escaso" desarrollo de los principios de autonomía local y suficiencia financiera de los Ayuntamientos, pese a su reconocimiento en la Constitución Española, y en este sentido aseveró que la futura ley de Autonomía Local "debe" ajustarse a dicho fundamento legal.

En su opinión, las relaciones entre las distintas administraciones tienen que darse en un plano de "coordinación y cooperación", pero siempre "desde el respeto y la lealtad institucional" y no "desde la sumisión de un poder político respecto a otro".

Ocaña también apuntó que para garantizar la titularidad de las competencias municipales debe asegurarse la suficiencia financiera de los entes locales, y afirmó a este respecto que la futura ley "no debe quedarse sólo en una redistribución de competencias, sino determinar las transferencias para que los municipios puedan asumirlas.

El alcalde de Córdoba aludió a la necesidad de añadir el principio de la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas, así como a la conveniencia de incluir como objetivo la cooperación entre las distintas administraciones para mejorar los procedimientos administrativos.

Por otra parte, reclamó "mayor concreción" respecto a las competencias sobre Servicios Sociales, y destacó "la ingente labor" que los ayuntamientos están realizando en materia de empleo.