Fevema, la federación de vecinos que agrupa a las antiguas EMAs, le reclama a la responsable de Urbanismo, Patricia Ybarra, que explique a los ciudadnos los motivos de la prórroga recientemente concedida al equipo redactor del PGOU, Territorio y Ciudad (TyC), puesto que “los motivos expuestos en los medios de comunicación no han resultado ser nada convincentes”.

En dichas declaraciones se justificaba argumentando, indican, que “es un por si acaso, es un asunto burocrático que hay que solucionar, por eso no le dimos importancia alguna o se lo consultamos a la oposición”, puesto que, “considera que entra dentro del normal discurrir de las actuaciones necesarias para ir avanzando en la redacción del PGOU”.

Por el contrario, Fevema sostiene que estas declaraciones no son suficientes dentro de un proceso de revisión al que desde el Gobierno municipal han calificado de “transparente y participativo”. Su junta directiva solicita al equipo de Gobierno que “explique públicamente las razones reales, que pongan luz y taquígrafos tal y como hacen con las inauguraciones de las obras, pues los ciudadanos tenemos el derecho y los políticos que gobiernan la obligación de mantenernos informados sobre el PGOU, uno de los asuntos municipales de más calado y que más nos afectan”.

Fevema estima que “no es conveniente que un documento tan importante y urgente para el desarrollo de la ciudad y la creación de empleo se demore por motivos que sólo sabe el equipo de Gobierno”. En resumen, “la forma irresponsable de manejar el proceso de revisión está repercutiendo negativamente en los intereses de los portuenses”, añaden. “Los seis meses prometidos se han convertido ya en 30 meses y 2.500.000 euros”, apuntan como ejemplo.

Además, la entidad contesta a las “descalificaciones” vertidas por Ybarra en este medio, en las que acusaba a Fevema de ser “un grupo de presión y un movimiento político”. La federación cree que a la edil “le convendría reflexionar y contener su discurso acusador contra Fevema, pues no somos un grupo de presión, sino una federación vecinal respetable, que no recibe de la administración local ningún dinero que pueda condicionar nuestra independencia”.

Por otro lado, solicitan responsabilidad en este aspecto a los socios de Gobierno, es decir, al Partido Andalucista y al edil no adscrito.