El estado de los calabozos gestionados por la Guardia Civil y la Policía Nacional no es el adecuado, según el Defensor del Pueblo Andaluz, quien en un informe advierte de que, en general, no se cumplen las condiciones elementales para que una persona permanezca retenida.


El Defensor del Pueblo, José Chamizo, entregó ayer a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, el informe "Lugares de personas detenidas: depósitos municipales y otros calabozos policiales", en el que se analiza el estado de estas instalaciones en la comunidad, tanto las gestionadas por las administraciones locales como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


La gran mayoría de las personas detenidas en Andalucía permanecen custodiadas, durante su proceso de detención y puesta a disposición judicial, en dependencias gestionadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, por lo que el Defensor del Pueblo ha dedicado un apartado especial a estas instalaciones.


A pesar de que el informe no recoge con tanta minuciosidad el estado de estas instalaciones como las municipales, el Defensor del Pueblo concluye que las pertenecientes a la Guardia Civil son "insuficientes", especialmente por su antigüedad, la dotación de las celdas, la inexistencia de instalaciones complementarias y su escasa capacidad para acoger detenidos.


La institución se basa en la visita realizada a 22 de estas dependencias, la mayoría de las cuales no cumplen las condiciones para que un detenido pase en ellas ninguna noche.


Según el informe, casi todos los cuarteles carecen de una habitación que pueda considerarse celda en sentido estricto, lo que ha llevado en los últimos años a su clausura.


En líneas generales, las instalaciones de la Guardia Civil son austeras, pequeñas, muy limpias y están dotadas de estrictas medidas de seguridad, no sólo para la protección de los guardias sino también para las personas detenidas, como la instalación de cámaras de videovigilancia en el interior de las celdas.


El defensor considera estas medidas como "exageradas" ya que, a pesar de que facilita la seguridad, elimina prácticamente la intimidad de los detenidos, que suelen ser avisados de la existencia de cámaras con carteles informativos.


Además, la oficina dirigida por Chamizo apunta que ninguna instalación responde a modelos modernos de zona de seguridad ni suelen contar con salas de reconocimiento, lugares para entrevistas con abogados o familiares ni un patio para los detenidos.


Sobre los calabozos gestionados por la Policía Nacional, el informe concluye, tras visitar 23 de estas instalaciones, que las instalaciones también son "inadecuadas" porque muchas se encuentran en edificios antiguos, con pocas reformas, se ubican en sótanos escasamente iluminados y con poco ventilación. Incluso algunos están afectados por corrientes de aire insalubres y con dotaciones pobres, ni bien conservadas ni limpias.


Sobre las cámaras de videovigilancia, llama la atención que, a diferencia de lo que ocurre en los calabozos de la Guardia Civil, ésta se sitúan en los pasillos y zonas complementarias, pero no en el interior de las celdas, algo "sorprendente" para el Defensor, ya que demuestra que el Ministerio del Interior no tiene normas comunes para ambos cuerpos.


Depósitos policiales


Respecto a los depósitos gestionados por las administraciones locales -quienes ostentan esta competencia delegada por la administración central-, el informe apunta que su situación es bastante mejor que la analizada en un estudio anterior de 1995, cuando se aseguraba que eran lugares lamentables, húmedos y sombríos-.


Así, de los 45 depósitos existentes, por lo que han pasado más de 18.400 personas en los últimos tres años, 35 presentan instalaciones nuevas o reformadas.


Sin embargo, los ayuntamientos han rechazado unánimemente el actual régimen jurídico de depósitos ya que su financiación es insuficiente y la plantilla de la Policía Local muy corta para prestar este servicio.


Así, destacan el carácter insostenible de esta competencia, por lo que piden que la administración central se encargue exclusivamente de esta competencia, derogando la actual delegación competencial.


De este modo, el Defensor del Pueblo pide que en cada partido judicial existan unas dependencias de custodia de personas detenidas gestionadas por la Policía Nacional o la Guardia Civil -o incluso por ambos- adecuadas y que garanticen la "dignificación de la personas detenida", concluyó Chamizo.