En la mañana de este martes se realizaron las Diligencias Previas en el Juzgado de Barbate a los tres imputados por los daños ocasionados durante la madrugada del pasado 19 de junio en la que más de trescientas personas salieron a la calle para protestar por las “irregularidades que el Ayuntamiento de Barbate estaba cometiendo en las calles de Zahara de los Atunes” según señalan los imputados “implantando en el 90% de los estacionamientos de esta pedanía la zona azul”.

Los manifestantes espontáneos respondieron como protesta pintando las lineas azules que “la empresa privada adjudicada de manera presuntamente ilegal había pintado la noche anterior” señalan en el comunicado. Asimismo, argumentan que el alcalde, Rafael Quirós, dos días antes de los hechos se había reunido con los vecinos “prometiendo que no sería más de diez calles, cuando la realidad superaba más de veinticinco”.
A los acusados se les imputa entre otros de un delito por destrozar los parquímetros siendo que estos artilugios no estaban instalados durante la protesta.

Además en el comuniciado afirman que “la empresas que gestionaba la zona azul contó aquella noche con la ayuda de la alcaldesa pedánea de Zahara [María Luisa Ruiz Cana] quien instó a esta compañía, según consta en la denuncia presentada en los juzgados, a que actuaran contra los manifestantes, que eran prácticamente la totalidad del pueblo”.

Los citados a declarar, Gaspar Castro Valencia, Miguel Fillol Gutierrez y José Matías Guerrero Guerrero están a la espera de conocer la decisión de la magistrado donde se les puede acusar de un delito de daños por un valor, “según la compañía de la zona azul, de unos cuarenta y siete mil euros”.

Mediante este comunicado los afectados por este incidente solicitan al Ayuntamiento de Barbate que “asuma las responsabilidades que les toca por las atrocidades que han cometido con nuestro pueblo” y exigen “la retirada inminente de las bases de los parquímetros y de las señales verticales que aún indican que Zahara tiene la zona azul en cuanto en tanto no se resuelvan las alegaciones presentadas y se autorice esta explotación de manera clara y legal”.