El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el autor de este 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', que será dirigido por la Dirección General de Libertad Religiosa y estará vigente entre 2024 y 2027.

Según ha detallado en rueda de prensa el ministro Félix Bolaños, el Ejecutivo ha iniciado ya conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que asumir la indemnizaciones a las víctimas.

"Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno", ha dicho.

El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias de las Cortes, que fue presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas.

"Son cifras muy altas que nos deberían impactar", ha señalado Bolaños.

El titular de Justicia ha explicado que el plan contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.

Su principal objetivo es reparar a las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas" y a las que "nadie prestó atención".

El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.

Además, y tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.

Por otra parte, se impulsará el uso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delitos (OAVD) para acoger a estas personas, se formará a los equipos de estas unidades para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia y se elaborará un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España, impulsado por el Ministerio de la Juventud e Infancia.