La joven que perdió un ojo por un disparo de los Mossos pide reabrir el caso

La joven que perdió un ojo por el impacto de un proyectil de foam disparado por los Mossos d'Esquadra en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel ha pedido reabrir el caso, en que estaban investigados dos escopeteros, al considerar que existen indicios "suficientes" contra ambos.

Así lo sostienen la joven, que ejerce la acusación particular, y el colectivo Irídia, como acusación popular, en sus recursos para que la Audiencia de Barcelona revoque la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que el pasado 8 de mayo dio carpetazo a la investigación al concluir que la actuación policial fue "proporcionada" ante la "extrema agresividad" previa de algunos manifestantes, por lo que los agentes se vieron "obligados" a actuar en defensa propia y de las personas y bienes.

Por el contrario, los abogados de la joven y de Irídia sostienen que el archivo acordado por el juez es "precipitado" e "indebido" porque entienden que las diligencias llevadas a cabo en la instrucción han acreditado la existencia de indicios de criminalidad en la conducta de los escopeteros, en febrero de 2021 en Barcelona, y también del sargento que les ordenó disparar, por lo que creen que se tendría que reabrir el caso y enviarlos a juicio.

De hecho, los recursos remarcan que, además de la responsabilidad de los dos escopeteros investigados, también se tendría que imputar al sargento que ordenó la actuación y que la controlaba y supervisaba, ya que consideran que "permitió una actuación contraria a los protocolos policiales y a la legalidad" por parte de sus agentes.

Los recursos resaltan que la actuación fue también antirreglamentaria, ya que entienden que no se respetó el protocolo interno de uso de los proyectiles de precisión y advierten de que, atendiendo a la normativa internacional de derechos humanos, los hechos también constituirían un delito de tortura o, subsidiariamente, contra la integridad moral.

Y es que la víctima, según los recursos, fue "gravemente lesionada" por un proyectil de foam disparado por los Mossos cuando la joven se encontraba andando "en dirección contraria" a la de los agentes, a una distancia que "impedía la existencia de ninguna agresión directa" a los policías ni ninguna "situación de riesgo" para los demás manifestantes.

Por este motivo, esgrimen que se dio un "uso ilegítimo" de la fuerza por parte de los Mossos, "contrario" a los principios que lo regulan y al protocolo de los proyectiles de foam.

Según los recursos, los Mossos han estado "formados específicamente", por lo que se les debe exigir un conocimiento del arma y de su capacidad lesiva, lo que creen que el juez no puede pasar por alto.

En este sentido, apuntan que los agentes tendrían que poder valorar que en ese caso no se daban los "requisitos de peligrosidad" para disparar, ya que la víctima se encontraba resguardada detrás de un contenedor y en ese momento no se estaban produciendo lanzamientos de objetos a la línea policial.

"Disparar, en esta situación, por encima del abdomen de una manifestante es aceptar como probable causar lesiones graves", exponen los recursos, que recuerdan que los protocolos de los Mossos impiden disparar por encima del abdomen.

Según los recursos, el escopetero, usando la mira holográfica, disparó a la cara de la víctima con un arma y un proyectil "altamente lesivo", asumiendo así el riesgo de que se produjeran lesiones graves o muy graves, "aceptando la posibilidad de mutilar un órgano principal, como finalmente ocurrió".

Además, recriminan al juez que base su resolución de archivo "única y exclusivamente" en describir el contexto general de desórdenes públicos en Barcelona el día de los hechos para "justificar" la actuación policial, sin analizar las diligencias practicadas en la instrucción.

La víctima, que entonces tenía 19 años, resultó herida al recibir el impacto de un proyectil de foam el 16 de febrero de 2021 en la Via Augusta de Barcelona, donde los antidisturbios de los Mossos dispararon proyectiles de precisión para dispersar una manifestación de protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel que había derivado en incidentes.

En el marco de esta instrucción, los dos escopeteros investigados, que comparecieron ante el juez el 14 de octubre de 2021, alegaron que dispararon siguiendo los protocolos, que obligan a apuntar por debajo del abdomen.

En declaraciones este jueves frente la Ciudad de la Justicia, en Barcelona, la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha mostrado su "decepción" por el archivo de la causa después de que sufriera unas "lesiones muy graves".

De hecho, ha señalado que el juez hace "una valoración precipitada e inajustada" puesto que "hay más que indicios suficientes para concluir, sin ningún tipo de duda", que la víctima recibió un impacto por proyectil de foam por parte de los Mossos, "sin ningún tipo de justificación y sin ajustarse a los protocolos de actuación de uso".

Por su parte, el padre de la joven que sufrió el impacto por el proyectil de foam ha leído una carta pública escrita por la propia víctima en la que lamenta que el juez instructor del caso considere "justa" su "mutilación", al considerar que "se expuso a ella".

"¿Eso quiere decir que no es seguro salir a la calle a manifestarse? Si eres de izquierdas, si eres independentista, si vas en contra de lo que quieren que hagas, acabarás mutilado: eso parece que nos da a entender el juez", ha manifestado.