La Comisión Europea decidió este miércoles no abrir un expediente por déficit excesivo a España pese a haber cerrado el pasado año con un desvío presupuestario del 3,6 %, seis décimas por encima del límite que establecen las reglas fiscales.

Bruselas ha concluido que no está justificado lanzar un expediente porque el desvío, pese a no estar cerca del umbral de referencia, es temporal y se reducirá al 3 % este año y al 2,8 % en 2025, según sus previsiones.

España evita así tener que acometer el ajuste fiscal mínimo del 0,5 % del PIB al año (7.300 millones de euros) que habría exigido Bruselas en caso de expediente, aunque tendrá que ir reduciendo progresivamente el desvío presupuestario.

"La Comisión Europea, en todo caso, seguirá monitorizando la evolución presupuestaria en España y reevaluará la situación en otoño", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa.

El Ejecutivo comunitario retomó este miércoles los expedientes fiscales tras cuatro años suspendidos por la pandemia y la guerra en Ucrania, destinados a asegurar que los países que superan los límites de déficit y deuda pública que fijan los Tratados, del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, hacen ajustes para corregir sus desvíos, so pena de sanciones si no actúan.

De los doce países que se exponían a este procedimiento, Bruselas ha decidido expedientar a siete de ellos, incluidas Italia, que registra el déficit más abultado de la UE (7,4 % del PIB) y Francia (5,5 %), así como Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Además, mantiene abierto el que inició en 2019 contra Rumanía puesto que no ha tomado medidas para encauzar su déficit.

Por el contrario, además de España, la República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia se libran del expediente porque la Comisión Europea ha tenido en cuenta factores relevantes como la situación de la deuda pública, la evolución de la economía o la inversión en defensa.

En el caso de España, el Ejecutivo comunitario ha fundado su decisión en el esperado descenso del déficit este año y el próximo, pese a que en su informe señala que existen "altos riesgos a medio plazo" para la sostenibilidad de la deuda pública, un factor que se considera clave a la hora de evaluar el desempeño fiscal de los países.

La deuda española (107,7 % del PIB el año pasado) supera con creces el límite del 60 % y, pese a que se reducirá en los dos próximos años, hasta el 104,8 % en 2025, Bruselas prevé que vuelva a repuntar y dentro de una década siga en el 113 %.

Fuentes del Ministerio de Economía subrayan que el Ejecutivo comunitario ha tenido en cuenta en particular la "reducción sustancial y continúa" del déficit puesto que, si bien en 2023 se rebasó el límite comunitario, el objetivo del procedimiento es instar a correcciones y en el caso de España "no es necesario" porque ya está previsto que cumpla.

Consideran que al renunciar a abrir el expediente, Bruselas "avala la gestión fiscal responsable y la consolidación del modelo de crecimiento equilibrado a través de las reformas de los últimos años".

España sortea de esta forma un ejercicio de vigilancia reforzada sobre las cuentas públicas que ya tuvo abierto durante una década, tras la crisis financiera de la década pasada. Bruselas inició aquél expediente en 2009, cuando el déficit español alcanzó el 11,3 %, y lo cerró en 2019, cuando el desvío se había reducido al 3,1 %.

El momento más delicado de esta etapa fue en 2016, cuando la Comisión Europea amenazó incluso con multar a España, entonces bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por incumplir la senda pactada con las autoridades comunitarias, que finalmente perdonaron la sanción y también la posible congelación de fondos regionales.