La Junta de Andalucía ha detectado 72 prejubilados intrusos entre los 5.982 trabajadores investigados por el caso de las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de Empleo (ERE), lo que supone el 1,20 por ciento del total, y un supuesto fraude de 9 millones de euros.

El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, anunció ayer a los periodistas estos datos, que serán enviados de inmediato al juzgado de Sevilla que instruye el caso, tras finalizar la investigación interna abierta por la Consejería, aunque antes los había adelantado a través de las redes sociales.

Recio precisó que estos 72 prejubilados “ajenos” figuraban en los ERE de 24 empresas sin haber trabajado nunca en ellas, del total de 68 que han sido investigadas, mientras que también se han detectado 111 casos, el 1,86 % del total, en los que hay “discordancias administrativas” en otras 18 empresas.

Según el consejero, 5.799 de los 5.982 prejubilados investigados “no presentan ningún tipo de irregularidad”, lo que supone el 97 por ciento del total, y añadió que los 9 millones supuestamente defraudados por los “ajenos” representa el 1,39 % del fondo de 647 millones de euros destinado a los ERE en los últimos diez años.

Respecto a los datos facilitados a comienzos de marzo, cuando faltaban por revisar cuatro empresas con 290 prejubilados, se han detectado trece casos más de intrusos, pasando de 59 a 72, y 24 más -de 87 a 111- con “discordancias administrativas” de personas que habían estado en esas empresas, pero donde hay “alguna cuestión que debe ser aclarada” por haber dudas sobre plazos o requisitos.

Recio lanzó “un mensaje de tranquilidad” a la inmensa mayoría de los prejubilados, que no presentan irregularidades, y dijo que tienen la “esperanza” de que algunos casos que ahora están afectados se puedan aclarar y finalmente puedan ser subsanables.

Aseguró que la Consejería pondrá en marcha todas las medidas a su disposición para recuperar “hasta el último euro” del dinero presuntamente defraudado y dijo que, como han investigado las pólizas “vivas”, esos 9 millones corresponden a cantidades ya pagadas por la Junta en los casos de prejubilados llamados “ajenos”.

Sobre el proceso para recuperar ese dinero, inicialmente por vía administrativa, explicó que ahora darán audiencia a los 72 presuntos intrusos, por si pueden “aportar alguna información que nos haga salir de la duda”, y a partir de ahí procederán “a no pagar ya nada y a recuperar ese dinero que haya podido ser mal empleado”.

El consejero dijo que los datos definitivos de esta investigación “transparente” realizada por diez grupos de funcionarios demuestran que “es absolutamente mentira lo que dice el PP de que han estado mal utilizados los 647 millones dedicados en los últimos diez años a la política socio-laboral” de la Junta.

A su juicio, la investigación “deja claro que sólo no podemos corroborar en el 1 % de los casos por qué personas que no estaban trabajando en una empresa, finalmente han recibido una póliza”.

Criticó que el PP “ha puesto en duda” toda la política socio-laboral de la Junta “y ha pedido que se declarara la nulidad de todos los procedimientos intranquilizando a los trabajadores acogidos a estas ayudas, y al mismo tiempo anunciaba una moción en el Parlamento para tranquilizarlos”, con lo que “era el propio PP el que intranquilizaba y luego llamaba a la calma”.

Sobre si revisarán los ERE que ya estaban cerrados, reiteró que, si tiene “algún conocimiento de que en esos expedientes hay algún tipo de incidencias”, actuarán “como siempre: investigando y poniéndolo en conocimiento de la Justicia”, aunque “en principio” no tiene “ningún indicio” de que haya “ningún tipo de irregularidad”.