No fue un ultimátum, pero casi. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo exigió ayer a Urbanos Amarillos que cumpla con el pliego de condiciones firmado en su día o tome la puerta de salida. En definitiva, que definan su futuro en la ciudad, porque la empresa no termina de aclarar lo que quiere. Insiste en recuperar el aval de seis millones de euros, pero no cumple por el momento ni con el pago a los trabajadores ni con la llegada de autobuses que mejoren la calidad del equipamiento actual.

La jornada de ayer fue de reuniones. Por un lado, en Madrid, dos miembros del Gobierno local -el teniente alcalde de Seguridad y Movilidad, Javier Durá, y el teniente alcalde y delegado de Economía, Enrique Espinosa- se reunieron con empresarios del sector del transporte público. Por otro lado, el primer teniente alcalde, Antonio Saldaña, junto al conejal del Plan Especial de Movilidad, Agustín Muñoz, se veían las caras con dos representantes de Urbanos Amarillos (no acudieron los dueños de la empresa, algo que molestó bastante a los trabajadores) y miembros del comité de la referida empresa.

Las conversaciones no salieron del guión previsto. Urbanos Amarillos sigue empeñado en recuperar los avales e insiste en que el Ayuntamiento le desembolse los siete millones de euros de un canon que tiene un pago anual que tendría que efectuarse el 7 de mayo del próximo año.

El Gobierno Municipal volvió a exigirle a la empresa que cumpla con lo firmado en su día. Sin acuerdo, los trabajadores seguirán en los próximos días con sus protestas y movilizaciones. “Esto va a ser largo”, destacaba José María Romero, presidente del comité de empresa.

no a la fórmula del rescate
La alcaldesa, tras pedir disculpas por la situación a los empleados y ciudadanos, ofreció su opinión sobre el problema: “El Gobierno local no va a devolver el aval porque eso sería eludir responsabilidades y dar facilidades a la empresa. Esa petición de devolución lo que hace es generar incertidumbres. Si la empresa quiere continuar tiene que ofrecer claras muestras de que es solvente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la calidad del servicio. En caso de que la empresa manifeste dudas en cuanto a este compromiso se iniciarían los trámites del expediente sancionador. La fórmula del rescate no la compartimos porque es costosa. Lo que no descartamos es la resolución del caso si no hay voluntad de la empresa”.