Ecologistas en Acción indica, en un comunicado de prensa que, "de nuevo un partido político, ahora el PP, intenta hacer caja electoral prometiendo lo imposible a los miles de personas que han construido su casa de forma ilegal. La mayoría de los partidos políticos del municipio han venido haciendo estos últimos años promesas a los propietarios de viviendas ilegales imposible de cumplir por su manifiesta ilegalidad. Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo que no hay atajo para regularizar estas urbanizaciones ilegales que primero había que aprobar el PGOU, como ya se ha hecho, y después asumir todos los gastos de urbanización, gestión, cesiones…, igual que han hecho los que han adquirido una vivienda legal".

Ahora "el equipo de Gobierno plantea suspender las sanciones y las multas coercitivas a los que han construido de forma ilegal, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación. Las sanciones no son una decisión potestativa, es un imperativo legal que se impone a aquellos que construyen ilegalmente; si además se niegan a paralizar las obras o a demoler lo ilegalmente construido, se les imponen multas coercitivas. Y no hay en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) posibilidad de suspenderlas incluso si están en proceso de legalización. Sería como suspender una multa de tráfico si el infractor se compromete a conducir bien en adelante".

Pero entienden que "más grave es aún la propuesta de dedicar las multas coercitivas para los gastos de urbanización de las EMAs. La LOUA deja claro que las multas y sanciones tienen carácter finalista y debe incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). El artículo 72 estipula que deben integrarse en el patrimonio público de suelos las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas. El artículo 197 incide más aún en el destino de estas multas al prescribir que los importes en concepto de sanciones… se integrará en el patrimonio público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada. Destinar el importe de multas y sanciones a la urbanización de las EMAs podría ser constitutivo de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos".

Si el Ayuntamiento "no ha gastado el dinero y dispone de estos fondos, no los podría gastar en urbanizar las EMAs sin incurrir en un flagrante delito; si lo ha gastado, las inversiones para urbanizar las EMAs tendrían que salir de las menguadas arcas municipales, o sea, del los impuestos de todos los portuenses, lo que sería más grave aún".
Ecologistas en Acción entiende que el PGOU "ha sido enormemente generoso con aquellos que han construido al margen de la legalidad, dándoles la posibilidad de regularizarse con obligaciones y cargas menores que las que se exigen a promociones legales desarrolladas dentro del planeamiento urbanístico. Cualquier medida que venga a favorecer aún más a los constructores ilegales vulnerando el PGOU y las leyes y normas urbanísticas, sería inadmisible, y supondría una burla a los ciudadanos que han venido cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales".

Ecologistas en Acción va a solicitar formalmente al alcalde, Enrique Moresco, y al concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, que hagan público el montante de las sanciones y multas que ha cobrado el Ayuntamiento en estos últimos cinco años por construcciones ilegales, y el destino que se le ha dado a estos fondos.