La primera impresión que uno tiene al visitar los bajos del juzgado de guardia de San José, en Cádiz, es la de estar ante un edificio en ruinas o semidestruido. Sin embargo, hasta finales del pasado verano este lugar acogía los calabozos y los archivos. 

INFORMACIÓN pudo comprobar ayer el pésimo estado en que se encuentra este espacio, completamente apuntalado, donde abundan las humedades, la suciedad y las filtraciones procedentes del mercado de abastos ubicado sobre su techo. 

Esta lamentable situación llevó a la Junta de Andalucía a decidir su clausura “por razones de seguridad” hace escasos meses. 

Pero, según denucian los magistrados gaditanos, los problemas se han multiplicado en el día a día. La consecuencia más preocupante --y surrealista-- estriba en el hecho de que detenidos y víctimas compartan estancias, elevando así la tensión innecesariamente. Esto provoca que “los testigos se nieguen a venir por miedo y que en más de una ocasión se hayan montado varias trifulcas”, explicó el juez de guardia, Luis de Diego, quien ayer secundó la huelga de su colectivo. “Ha habido veces incluso en que hemos acabado arrestando a algún familiar”, agregó. 

Y eso, por no hablar, del gasto extra que supone a la Policía, multiplicar sus efectivos para custodiar a los detenidos. “Al no haber calabozos hay que traerlos uno a uno desde Comisaría para declarar. Y si son siete u ocho, pues perdemos toda la mañana para un asunto”, apostilló. 

De Diego y la juez decana autorizaron el acceso de periodistas al juzgado de guardia, pese a que la Consejería de Justicia había vetado previamente cualquier jornada de puertas abiertas. “Entendemos que ésa es una competencia de los jueces y, en su caso, de los titulares de cada órgano judicial, no de la Junta”, dijo Nuria Orellana, quien acusó a la Administración autonómica de querer ocultar “las condiciones en que desempeñamos nuestro trabajo”.