El recién aprobado Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Altadis, que dejará a la factoría de Cádiz con 67 trabajadores y a las puertas del cierre, ha abierto de nuevo el debate sobre el futuro de los terrenos que ocupa en la capital gaditana. Sindicatos e instituciones se muestran unidos para que mantengan un uso industrial, en los que puedan instalarse nuevas actividades productivas.
La compañía tabaquera dispone de cerca de 150.000 metros cuadrados de suelo, resultante del acuerdo firmado en los años 80 entre el Ayuntamiento de Cádiz, la Zona Franca y la entonces empresa pública Tabacalera. De ese espacio, 38.700 metros cuadrados es recinto fiscal y se encuentra regulado por un contrato de arrendamiento con el Consorcio, según indicaron fuentes de la institución. Los 114.800 metros cuadrados restantes fueron cedidos en propiedad --según recordó el concejal de Hacienda, José Blas Fernández--, pasando a ser un bien de Altadis cuando se realizó la unificación con Tabacalera.
Los sindicatos mayoritarios expresaron ayer su rechazo a nuevos ERE, mas aún cuando se trata de una empresa que “no está en crisis”, y mostraron su intención de que eses terrenos sirvan para atraer a “nuevas actividades productivas” que creen riqueza y empleo.
Para ello, el terreno debe mantener el uso industrial, algo que, según el Ayuntamiento, está garantizado, pues el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) así lo recoge. El Consistorio rechaza una recalificación del suelo y asegura que, sí la planta cierre, sólo podrá instalarse allí empresas industriales, si bien su venta estará en manos de la compañía.
Lo que sí descartaron es la expropiación. Según explicó el concejal de Hacienda, José Blas Fernández, “no hay razón que justifique la expropiación de los terrenos”; por el momento, mantienen la actividad, y en el caso de que cerrara la planta, “habría que demostrar el interés general de la expropiación y conllevaría una indemnización”.
Por su parte, el Consorcio de la Zona Franca consideró que lo ideal sería que esos terrenos volvieran a mano de la institución a fin de poner promover actividades económicas en la misma. Recordaron que el suelo cedido a Tabacalera fue desafectado como recinto fiscal, lo que el delegado de la Zona Franca, José de Mier, consideró que “ha ido en perjuicio de los gaditanos”. A su juicio, esta superficie tiene una “clara vocación industrial”.

PP e IU cuestionan la acción de la Junta ante la “sangría” laboral en Altadis
El PP e Izquierda Unida criticaron ayer la pasividad de la Junta y cuestionaron la eficacia de sus planes de reindustrialización. El presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, lamentó la “pasividad” del Gobierno de Manuel Chaves, que se queda “de brazos cruzados” ante la “catastrófica sangría” de más de 200 puestos de trabajo en la planta de Altadis de Cádiz, lo que calificó de “nuevo e inaceptable varapalo”. Lamentó que el PSOE se movilizara contra el ERE de Altadis con José María Aznar en el Gobierno y que ahora “dé por hecho el cierre de la planta gaditana”. A su juicio, el Gobierno autonómico “no puede permitir que la capital europea del paro, como es la provincia de Cádiz, siga sufriendo pérdidas de empleos como las sufridas desde hace años y que parecen no cesar”. Por su parte, el coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas, calificó la situación de “nuevo varapalo” y consideró que la Junta de Andalucía “debe replantearse el grado de eficacia de los planes de reindustrialización en la comarca”. Cárdenas señaló que “esta nueva destrucción de empleo supone la muerte lenta no sólo de la tradicional tabaquera gaditana sino del tejido industrial de la Bahía”, porque, “al margen del drama” que supone para los trabajadores, también significa que esos empleos “aniquilados” no podrán ser ocupados por nuevas generaciones.