El intrusismo profesional, cuando se lleva a cabo en una profesión sanitaria, adquiere dimensiones especialmente preocupantes al ponerse en juego la salud de las personas, ese preciado bien al que todos tenemos derecho, no sólo como algo inherente al propio ser vivo, sino porque así también lo reconoce nuestra Carta Magna. Por eso, conscientes del reto y la responsabilidad que tenemos contraída con la sociedad, no regateamos, ni regatearemos esfuerzos para que el artículo 43 de la Constitución Española no sea vulnerado.
Independientemente de que el delito de intrusismo en odontología tiene diversas modalidades por todos conocidas, el que más nos preocupa es aquel que ejerce ese numeroso grupo de llamémosle “protésicos” que se desmarca de su propia actividad profesional reconocida, querida y muy valorada por nosotros los dentistas y también motivo de orgullo para los que verdaderamente son protésicos profesionales. No nos cansamos de repetir y mostrar el respeto y máximo reconocimiento que otorgamos los dentistas a la profesión de protésico dental, muy digna, loable, de suma importancia para nuestra profesión y, por supuesto, legal, pero siempre que su misión se limite a la parcela del laboratorio, nunca y bajo ningún concepto actuando en la boca del paciente. Es entonces cuando se convierte en un intruso con todas sus consecuencias según la legislación vigente.
Y mucho nos interesa destacar que entre un laboratorio de prótesis digno y legal, imprescindible colaborador del dentista, hasta otro que sirva de tapadera para usurpar funciones y donde se reciban a pacientes, existe una tremenda y marcada diferencia que conviene resaltar para dejar a cada cual en su sitio.
Creemos que a estas alturas, en materia de competencias, todo está dicho y donde mejor se comprende es en los tribunales de justicia que finalmente ponen a cada cual en su sitio. Sí quiero resaltar que con nuestra postura lo único que pretendemos es que el protésico dental cumpla fielmente su valiosa e importante labor con las atribuciones conferidas por la Ley 10/1986 y el Real Decreto 1.594/1994 de 15 de Julio que la desarrolla, ratificada por una extensa jurisprudencia, y no invada terrenos que le son ajenos.
Por eso, seguiremos ejerciendo desde la organización colegial esta digna misión defendiendo el ejercicio legal de la profesión, respondiendo además de esta forma al encargo de presidir la Comisión de Intrusismo del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, poniendo en juego todos los resortes a nuestro alcance para desmantelar el fraude al que muchas veces se somete a la población y actuando contra quienes vengan a poner en juego su salud bucodental y general.
No puedo evitar que acudan a mi cabeza lamentables anécdotas conocidas personalmente. Casos como el de aquel intruso que al realizar una extracción a un paciente, éste sufrió un súbito desvanecimiento y por todo auxilio lo puso literalmente sentado en la puerta de la calle “para que le diera el fresco”. Indudablemente éste paciente hubiera recibido una asistencia distinta si la persona que le atendía hubiese sido un auténtico profesional y el tratamiento se hubiese realizado en una clínica equipada con todos los requisitos legalmente exigidos y no en un garaje habilitado como consulta dental furtiva.
Otro mucho más reciente es el sufrido por una paciente, que atendida por un intruso “ambulante” en la cocina de su domicilio, con una absoluta falta de asepsia, con una vulneración total de la legislación vigente, le causó tales lesiones que necesitaron posterior tratamiento médico y la asistencia de los servicios de urgencia. Actuación que por supuesto denunciamos de inmediato y ha sido ya -como no podía ser de otra forma- condenada por los tribunales de justicia.
Lo cierto y verdadero es que el capítulo del intrusismo constituye una ingrata labor dentro de las tareas encomendadas estatutariamente a la organización colegial, en la que hay que trabajar mucho para obtener resultados, que cuando se obtienen, compensan con creces la labor realizada.
Además el delito de intrusismo es perseguible de oficio y debieran ser las autoridades competentes quienes intervinieran al tener conocimiento de un hecho delictivo de esta naturaleza. Máxime cuando siempre ha estado perfectamente tipificado, tanto en el antiguo como en el vigente Código Penal.
En esta difícil misión, es muy necesaria la importante y efectiva implicación y colaboración que ya venimos recibiendo de instituciones como la Delegación de Cádiz de la Consejería de Salud y de nuestros colegiados, porque sólo con eso, con colaboración, podremos, si no erradicar, por lo menos paliar una lacra que tanto confunde, desinforma y daña a la sociedad. Pese a los reiterados intentos de determinados sectores para confundir a instituciones, profesionales, pacientes y opinión pública con orquestadas campañas, siempre nos hemos mantenido firmes y contundentes, sabiendo que los jueces condenan cuando demostramos que la boca de un paciente la ha manipulado alguien ajeno al dentista.
Continuaremos informando y defendiendo a la población con todas las fuerzas y medios a nuestro alcance, porque son muchos los que desde distintos campos atacan, escondiéndose en una supuesta labor social que no existe, entablando polémicas cada cierto tiempo para que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Puestos a decir verdades, mucho nos preocupa ese -por suerte reducido- grupo de mal llamados profesionales que permiten que en sus clínicas dentales se haga intrusismo, haciendo dejación de su dignidad profesional, empañándola con la irresponsabilidad y el fraude a la sociedad. También que determinados colegiados sirvan de encubridores y tapadera de los intrusos más tradicionales, así como que avispados empresarios convertidos en mecenas monten clínicas en cadena como si fueran supermercados, teniendo como asalariados muchas veces a personas inmersas en la más absoluta ilegalidad. Aunque cuando esto se demuestra, afortunadamente surge la figura tipificada penalmente como cooperador necesario.
Lo único que pretendemos es que cada uno ocupe ni más ni menos que su ámbito de actuación con la responsabilidad que legalmente le corresponde. Porque si triste es no poder sonreír por un problema estético en la boca, más triste aún es no poder hacerlo por un problema de salud. Sobre todo, si este ha sido provocado por unas manos inexpertas y al margen de la ley. Estamos hartos de que se siga hiriendo y humillando nuestra dignidad profesional, que se pretenda deteriorar la imagen pública de una profesión sanitaria al servicio de los ciudadanos, y que se siga poniendo en peligro la salud bucodental y general de la población.
