Siete expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y las universidadades de Huelva y Sevilla conforman la comisión de expertos constituida ayer para la restauración de las 720 hectáreas -al menos ésta es la superficie marcada por la concesión- que ocupan las balsas de fosfoyesos en las Marismas de Mendaña, siempre con el objetivo de “recuperar este espacio para el disfrute de los ciudadanos, como zona verde y de producción de energía, sin que el empleo quede dañado”, según aseguró el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín.
En esta línea, Martín anunció que el Gobierno ya ha encargado a la empresa pública Tragsatec que haga informes y proyectos pilotos, con el liderazgo de la Universidad de Murcia, “que ya tiene experiencia en otras zonas”, y sobre la base del plan de restauración ya presentado por Fertiberia, a quien corresponde la recuperación de las balsas de fosfoyesos, cuyo coste final será determinado por la comisión de expertos, aunque estos informes técnicos previos costarán alrededor de un millón de euros.
No hay plazo para el informe final, tampoco se puede adelantar en qué consistirán los trabajos, pues tendrá que determinarlos la propia comisión de expertos, pero según adelantó Martín, “dentro de un mes estarán los primeros avances de Tragsatec”, a partir de los cuales comenzará a trabajar el grupo de expertos.
Este grupo de siete personas pertenecientes al ámbito académico y científico deberá tener en cuenta criterios ambientales y técnicos forjados a partir de la experiencia en descontaminación de suelos industriales, en el análisis de la calidad del agua y del aire, el examen de la estabilidad estructural, la flora y la fauna y el seguimiento radiológico. 

Apoyo de la Junta pese a no tener competencias
La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que presidió ayer la constitución de la comisión de expertos, destacó que las balsas de fosfoyesos se encuentran en dominio marítimo terrestre, por lo que el Gobierno andaluz “no tiene ninguna competencia, pero la Junta ha estado trabajando en todo momento para contribuir a solucionar el problema medioambiental y laboral”.