La juez María Núñez Bolaños retomará este martes la causa donde investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, tras su división el pasado mes de diciembre de 2015 en nueve piezas separadas, con la citación a declarar en calidad de investigado de un jefe de servicio de Formación.

   En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada ha citado a declarar este martes al jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Sevilla Daniel Fito, todo ello después de que el propio encausado haya solicitado declarar de manera voluntaria.

   Cabe recordar que, en un auto dictado en mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de Andalucía, entre ellos el propio Daniel Fito, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril.

   Asimismo, imputó a la jefa de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo; al de Almería, Blas Méndez Capel; a Antonio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; a José Ángel Gil Flores, de Huelva; a José Luis Valentín, de Jaén; a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; a la jefa de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores, y al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez.

   Los diez jefes de servicio de las delegaciones provinciales comparecieron en junio de 2015 ante la juez Alaya, aunque ocho de ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

   De este modo, los dos únicos jefes de servicio que accedieron a declarar fueron el de Almería, Blas Méndez Capel, que negó haber recibido "órdenes ilegales" de sus superiores en relación con la justificación de las subvenciones, y el de Granada, Magín Bolívar Medina, que resaltó la "falta de atención" de sus superiores en cuanto al volumen "muy abultado" de cursos y subvenciones pendientes de justificar.

"OMITIERON" INICIAR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO

   Alaya los imputó "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".

   A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".

   Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".

DIVISIÓN EN PIEZAS

   En esta causa, y además de los jefes de servicio referidos, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 ex altos cargos de la Junta-- que fueron detenidas en marzo de 2015 en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.

   Después de que Alaya dejara de ser la juez titular para ocupar su plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, la causa de la formación ha sido asumida por la juez María Núñez Bolaños, que en diciembre de 2015 dividió la causa en nueve piezas separadas, en tres de las cuales ha incoado ya diligencias previas, como son las relativas a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, Rafael Velasco y José María Pérez González.

   Otras cuatro piezas están centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

   De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

   Esta última pieza ha sido declarada de especial complejidad por la juez.