Sigue el goteo de críticas al delegado provincial de Justicia, Domingo Sánchez Rizo, después de que éste confirmase el aplazamiento sine die del traslado del Juzgado de Menores de Cádiz. Ayer fue la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) la que se sumó públicamente a la ola de rechazo que ha provocado esta noticia.

En un comunicado, este colectivo recuerda que ya venía denunciando reiteradamente “el incumplimiento de la diversa legislación que deja clara la necesidad de que los procedimientos de menores se realicen en instalaciones adecuadas para garantizar su intimidad, sanidad y seguridad”. Unos principios recogidos en la Convención de los Derechos del Niño y que, según la Apdha, no se respetan en los juzgados situados en la calle San Francisco.

Por un lado, la organización reprocha el “reducido tamaño” del calabozo existente en el patio del edificio, “en el que resulta totalmente inviable una comunicación medianamente reservada entre el abogado y el menor procesado”. Y no sólo eso, sino que censura también los problemas asociados a las visitas de familiares, “la mayoría de las veces muy difíciles” --alega--, hasta el punto de que “en muchos casos llevan meses sin poder ver a los chicos porque éstos “se encuentran en centros de internamiento alejados de su lugar habitual de residencia”.

Desde Pro Derechos Humanos sostienen que las dependencias del centro no reúnen “las condiciones necesarias” para el traslado de menores. Así, a los trastornos habituales del tráfico que sufre el casco antiguo, añaden las complicaciones que supone para los vehículos policiales encargados de los desplazamientos de los menores acceder a esa calle peatonal. De este modo, lamentan el hecho de que “salgan esposados y plenamente visibles” por una arteria comercial “ante todos los viandantes y, a veces, en medio de escenas muy difíciles”.

La estrechez de la sala de vista, la ausencia de una sala de togas para los letrados o la imposibilidad de evitar el contacto visual entre víctimas e infractores son otras de las “graves deficiencias” apuntadas por la asociación. Por todo ello, sus responsables consideran una “burla descarnada” y un “desprecio” a los derechos del niño que el delegado afirme la “idoneidad” de ese inmueble. Unas declaraciones que achacan al “enorme desconocimiento” de Sánchez Rizo sobre justicia de menores.