Tras la denuncia del PSOE, los integrantes del Grupo Popular del Ayuntamiento de Punta Umbría no se han pronunciado sobre la polémica que envuelve a  José Carlos Hernández Cansino a propósito del "Caso Bufete". Según la denuncia socialista, el ex alcalde encargó mientras ostentaba ese cargo público trabajos por valor de 720.000 euros a un despacho privado de abogados con el que, pasado el tiempo y fuera de la Alcaldía, ha acabado compartiendo despacho.

El Grupo Popular, liderado por María Sacramento, antagonista de Cansino en la pugna por el control del partido, no ha creído conveniente entrar en este asunto a pesar de que el propio Cansino derivó la denuncia del PSOE directamente a ese equipo al declarar, enHuelva Información, que esas imputaciones son " falsas y por lo tanto sin ningún tipo de fundamento" al tiempo que aseguró que no le afectan personalmente y lamentó que a sus compañeras sí las pueda resultar así", recoge textualmente el rotativo.
El decreto por el que el Ayuntamiento encarga a la abogada Sara Romero Díaz los trabajos de dirección jurídica,  lo firma el propio regidor y no su grupo de concejales. Sin embargo, el Departamento de Intervención del Ayuntamiento carece de la preceptiva justificación del gasto ordenado por el ex alcalde. Los Servicios Técnicos Municipales han abierto una investigación interna para aclarar el caso.

A pesar de que la denuncia procede del portavoz del equipo de Gobierno municipal, el grupo antagonista, el popular, ha evitado pronunciarse sobre este asunto. El ex regidor salió de forma inmediata para defenderse, y algunos días más tarde lo hizo la propia letrada.

La abogada niega su vinculación con el ex alcalde

La abogada onubense Sara Romero ha salido en defensa propia y de la empresa de la que es socia, Vizcaino & Romero, tras las declaraciones del portavoz del Gobierno, Jesús Fernández Ferrera, en relación a las facturas firmadas por Cansino durante su etapa como alcalde, que suponen hoy una deuda de 120 millones que el departamento de Intervención dice no haber tenido constancia en su momento. Romero ha querido dejar claro que "cuando el Ayuntamiento de Punta Umbría empezó a encomendarme la dirección jurídica de algunos de sus pleitos, carecía de cualquier vinculación con el entonces Alcalde, señor Hernández Cansino, a quien ni siquiera conocía personalmente. Por tanto, las razones que llevaron al Ayuntamiento a efectuar tal designación en ningún caso fueron ni personales, ni mucho menos basadas en espurios intereses económicos". Asimismo asegura que Hernández Cansino no forma parte de los socios vinculados a su empresa. En sus declaraciones manifiesta que "el Ayuntamiento de Punta Umbría mantiene conmigo una importante deuda que, según se ve ahora, no quieren pagar. Jamás el Ayuntamiento en la mediación habida ante el Colegio de Abogados ha negado la entidad y existencia de la deuda, por el contrario, limitó su pretensión a obtener una rebaja; jamás, siquiera, han intentando abonar cantidad alguna"
Dicha deuda, según Romero, deriva de su intervención en los procedimientos encomendados por el Ayuntamiento, y las minutas presentadas se corresponden con los trabajos efectivamente realizados en ellos. Asegura que "tales minutas, antes de ser presentadas en el Ayuntamiento, fueron sometidas al Colegio de Abogados de Huelva, que, a través del Decano, ha ratificado su plena corrección, de lo cual fue informado el Ayuntamiento".