Andalucía es la comunidad autónoma española que más comida tira, tanto productos sin usar como alimentos cocinados. El dato no debe sorprender si tenemos en cuenta que es la región más poblada, pero sí hay dos cuestiones que no pueden pasar desapercibidas: el desperdicio alimentario andaluz es superior a la media nacional y, sobre todo, que pese a que esta situación se repite año tras año sigue sin regularse, por mucho que cíclicamente se hacen peticiones en este sentido desde el Parlamento y que la Junta ha intentado poner algo de orden.
Las cifras son desoladoras: en España se tiraron el año pasado casi 1.339 millones de kilos/litros de alimentos, un 8,9% más con respecto a 2017, tal y como apuntan los datos del panel que elabora el Ministerio de Agricultura. De esta cantidad, 313,7 millones de kilos/litros fueron a parar a la basura en Andalucía, un incremento del 9,9% en relación con 2017.
De los 313,7 millones de kilos/litros desperdiciados en Andalucía, 270,8 fueron productos sin utilizar (un crecimiento del 9,26%) y casi 42,9 alimentos cocinados (un aumento del 14%). También creció ligeramente (0,65%) el número de hogares en los que se tiró comida, que el año pasado fueron 3,5 millones.
El Ministerio de Agricultura no segrega por comunidades autónomas cuáles son los tipos de alimentos que más se desperdician, por lo que hay que quedarse con unos datos nacionales que indican que son los productos frescos, básicamente frutas (31,9% del total) y hortalizas y verduras (14,4%), es decir, que juntos suponen casi el 46% de lo que se tira. A continuación vienen los derivados lácteos (13%), las bebidas (6,6%), las carnes y fiambres (6,5%), el pan (5,5%), las sopas, cremas y caldos (2,9%) y los pescados (2,3%).
Hasta aquí los datos, la cuestión ahora es por qué ocurre esto sin que se tomen medidas. El pasado mes de marzo el tema volvió al Parlamento andaluz, donde se logró una de esas raras unanimidades por las que PP, Cs, PSOE, Adelante y Vox respaldaron una proposición no de ley para que se ponga en marcha una Estrategia Andaluza para la Recuperación Alimentaria.
En el debate se subrayó que el grueso del desperdicio (el 53%) se produce en los hogares, algo que sólo puede combatirse con una mayor concienciación social. Del resto de alimentos que se descartan, el 19% es durante el procesamiento, el 12% es en el sector de la restauración y el 16% en el conjunto de la distribución.
Precisamente, a lo que son los eslabones productivos de la cadena alimentaria es a lo que se ha tratado de meter en cintura por parte de la Administración. El último intento fue con la Ley de Agricultura que elaboró el anterior Ejecutivo socialista, que llegó al Parlamento en 2018 pero que se quedó en el tintero con la convocatoria de elecciones.
En saco roto
En la redacción inicial de esta norma se incluyó la posibilidad de sancionar a las empresas responsables del desperdicio, a las que se iba a obligar a elaborar planes para la reducción de desechos y a entregar sus excedentes a ONG o plantas de compostaje. El sector puso entonces el grito en el cielo: aseguró que no podía asumir los costes de este traslado ni responsabilizarse de la cadena de frío que garantizara la salubridad.
La actual Consejería no ha dado pistas sobre sus intenciones en esta materia, ni si va a asumir el mandato del Parlamento o va a salvar lo referente al desperdicio de la anterior ley. Todas las partes coinciden en que la situación es inaceptable, que es una obligación moral revertirla, pero sigue sin regularse y todo queda al final en manos de la voluntariedad de las empresas.
