El servicio municipal de Intervención de Fondos ha emitido esta semana un informe que viene a desaconsejar la contratación de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) al frente de la recogida de residuos sólidos urbanos y gestión de los principales parques y jardines de la localidad por motivos puramente económicos, ya que las arcas públicas no están en disposición de asumir un gasto mensual de 200.000 euros. Con la emisión de este informe, el equipo de Gobierno gana argumentos para impedir la entrada en servicio de la empresa, aunque con ello contraviene el acuerdo adoptado en el Pleno municipal impulsado durante el anterior mandato por los partidos entonces en el Gobierno municipal, PP y Ai-Pro. 


El alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín (PSOE), que ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este espinoso asunto, entiende que la entrada en servicio de FCC supondría multiplicar casi por cinco el importe actual de la factura por basuras, lo cual no está dispuesto a que se produzca ante la delicada situación socioeconómica que atraviesa el municipio y la falta de liquidez que viene sufriendo el Ayuntamiento.


Gambín admite que está buscando todo tipo de argumentos para impedir la privatización del servicio por cuestión de “responsabilidad”, ya que no está en sus cábalas encarecer el servicio y agravar las arcas públicas.


“Los criterios técnicos están por encima de las decisiones políticas, y este equipo de Gobierno está por respetar el informe del interventor”. “Los ciudadanos de Arcos no podemos dejar hacer. El convenio está firmado, la decisión no puede ser unilateral, y lo que queremos es llegar a un acuerdo amistoso con la empresa”.


No obstante, Gambín admite que la situación actual del servicio de recogida de basuras es deficitaria porque no sólo falta nuevos camiones para el transporte y recogida de basuras, sino que, además, el parque de contenedores está muy deteriorado, de ahí que el Ayuntamiento haya realizado un gran esfuerzo para la adquisición de 90 unidades, que se verán reforzadas con otras 60 que ha donado al parecer de forma desinteresada una empresa local. El precio de un contenedor regular oscila entre los 200 y 300 euros, por lo que el esfuerzo tanto del Ayuntamiento como de la empresa donante es muy importante. Así, no serán 90, sino 150 los contenedores que se instalarán en las calles próximamente.