La Unidad de Compras del Ayuntamiento de Arcos ha reportado un ahorro público de 60.000 euros a lo largo de 2020 gracias a la aplicación de los mecanismos de contratación que establece la Ley y que ha seguido escrupulosamente el equipo de Gobierno. Ésta es la principal conclusión que se puede extraer de la exposición de la memoria de la oficina de 2020, expuesta en conferencia de prensa por la delegada de Hacienda, María José González.
El documento señala que durante el pasado año se tramitaron 470 expedientes por compras de inferior cuantía a los 15.000 euros, por valor de 974.000. Con estos contratos menores se atendieron necesidades urgentes del Ayuntamiento para la prestación de servicios públicos. Para este tipo de contratos, el Consistorio admite presupuestos hasta de tres empresas distintas, eligiendo finalmente la oferta más ventajosa.
Asimismo, durante 2020 se tramitaron 159 expedientes con la concurrencia de varias empresas y un total de 69 procedimientos ordinarios con la participación de una sola empresa. En la mayoría de procedimientos, así pues, han concurrido varias empresas. De estos 228 expedientes de contratos menores ordinarios, 193 han sido contratos directos al tratarse de suministros en exclusiva por parte de alguna empresa y 49 de escasa cuantía.
Por valor de menos de 100 euros se han tramitado 34 expedientes de compra; de entre cero y 1.000 euros hay 214 expedientes; de entre 1.000 y 5.000 euros 170 contratos; y de entre 5.000 y 15.000 euros un total de 57 expedientes, con lo cual el mayor número de contratos se adjudican por compras de escasa cuantía.
Respecto a las delegaciones que más gastan en este sentido, figuran Deportes e Infraestructuras porque tienen que atender al día a día de la gestión en torno a las escuelas deportivas, eventos, reparaciones en la vía pública, imprevistos, etc. No obstante, todas las delegaciones licitan los contratos para su suministro y funcionamiento.
La delegada de Hacienda defiende el procedimiento de contratación que sigue el Ayuntamiento y asegura que la tendencia es que las compras, suministros y servicios periódicos vayan a menos porque los mismos entran en proceso de licitación. María José González señala ante las dudas que puedan surgir sobre posibles contratos “a dedo” que cada expediente está avalado por la firma de un técnico con el visto bueno del delegado correspondiente; expediente que va directamente a la Unidad de Compras como contrato menor o se envía a la licitación según la cuantía. Esos expedientes acaban siendo sujetos de una retención de crédito para garantizar el pago a los proveedores y posteriormente son aprobados por la Junta de Gobierno Local, donde los concejales aprueban la adjudicación del procedimiento y la autorización para la compra.
Estos trámites son de obligado cumplimiento según la Ley de Contratación con el Sector Público y se emplean para la compra desde un simple bolígrafo o paquete de folios hasta de un camión de hormigón o la contratación de maquinaria para el arreglo de un camino rural, el contrato a un servicio jurídico externo y otros conceptos.
La delegada asegura que la aplicación de procedimientos legales de contratación fue un objetivo que se marcó el equipo de Gobierno desde su llegada al Ayuntamiento en 2015, ya que hasta entonces los contratos se realizaban sin retención de crédito, poniéndose en claro peligro de cobro a los proveedores, de ahí que estos años se haya tenido que desbloquear numerosos expedientes en OPA.