La arenga del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, a los manifestantes del sector del metal este jueves en la que defendía que “somos obreros y no delincuentes” y justificaba las acciones violentas porque, “hasta que no le hemos prendido fuego, no nos han hecho caso en Madrid”, han levantado una polvareda política y mediática que lleva a preguntarse por los límites de la huelga.

Los dos sindicatos representantes de las plantillas defienden el derecho a la manifestación y a la organización de piquetes informativos, y se desmarcan de los cortes de carreteras y puentes en Cádiz o de la interrupción del acceso al hospital de La Línea. Pero la retórica ambigua de algunos dirigentes sindicales, como  Juan Linares, secretario de CCOO de Industria, quien responsabilizó a la Federación de Empresas del Metal (Femca) “de lo que pase” en las calles tras el fracaso de la negociación alimentan la confusión.

“Son unas declaraciones tras doce horas de reunión”, restan importancia fuentes de la organización.  “Los piquetes informativos actúan de manera exquisita”, añaden. El secretario provincial de UGT, Antonio Pavón, apunta en este sentido que “están regulados” y cumplen una función muy importante, y sitúa cualquier acción violenta, muy difícil de controlar, a elementos ajenos a los sindicatos. “Hay quien aprovecha la protesta para sembrar el caos”, reconoce, e indica que “muchos compañeros estamos sorprendidos por la radicalidad de las protestas estos últimos días”. Al respecto, las fuentes de CCOO sostienen que, entre los trabajadores que se han echado a la calle, se infiltran integrantes de grupos antisistema que provocan los incidentes graves.

A Antonio Rodríguez, policía del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial y secretario de Jupol en Cádiz, no le consta este extremo. De hecho, sostiene que el detenido en la mañana del miércoles en la capital que portaba líquido infalmable en una mochila “aseguraba que estaba luchando por lo nuestro”, en referencia al empleo vinculado al sector del metal. Tradicionalmente lo conflictos laborales en la Bahía de Cádiz han llevado aparejados disturbios, advierte. “Un compañero perdió una falange hace unos años por el impacto de un tornillo que le lanzaron” en las movilizaciones por astilleros, recuerda. Esta semana, otro agente ha sufrido lesiones por el impacto de piedras en el tobillo.  Pero, “pese a estar facultados, en la práctica no se nos permite el uso de la fuerza de manera proporcional hasta que es demasiado tarde”, lamenta.

En el caso de la Guardia Civil, es peor. Según  el secretario de Organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz (AUGC), Luis Bueno, “nuestra misión ha sido ver, oír e informar, no nos dejan actuar”, se queja. Si bien las dos organizaciones se manifestarán por separado los días 24 y 27 de noviembre en contra de las modificaciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, ambos coinciden en que los cambios normativos dificultarán aún más su trabajo en situaciones extremas como las que han sufrido con la huelga indefinida del sector del metal.

“Nos quitaron el cañón de agua para dispersar a la muchedumbre y ahora quieren quitarnos el uso de las pelotas de goma y el gas lacrimógeno, ¿con qué quieren que nos enfrentemos a los violentos?”, se pregunta Rodríguez. “Ya nos pueden grabar, ¿podrán difundir las imágenes?”, se cuestiona por su parte Bueno, y acusa al Gobierno de “dejarnos más desprotegidos aún”.