La mayor parte de los residuos radiactivos que se generan en España son de muy baja, baja y media actividad, y proceden de los hospitales, los centros de investigación, la industria o de las propias centrales nucleares.

Aunque estos desechos (ropa de trabajo, instrumental médico, material industrial o restos del desmantelamiento de centrales nucleares) pierden parte de su radiactividad con los años, son contaminantes durante un siglo, por lo que necesitan un tratamiento y acondicionamiento especiales y una instalación adecuada para realizar estos procesos.

En España todos esos materiales se guardan en el Almacén Centralizado de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), que fue construido por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) sobre la base de una antigua mina de uranio en la que se almacenaban bidones radiactivos desde la década de los sesenta.

Para el resto, para los residuos de alta actividad (aquellos cuya actividad perdura durante cientos de años), el Gobierno construirá el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que albergará los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares, fundamentalmente el combustible gastado en esas instalaciones.

Mientras, esos residuos de alta actividad están acumulados en las piscinas de las propias centrales, y temporalmente en Francia, aunque a partir del próximo año España deberá abonar al país vecino unos 60.000 euros diarios por el almacenaje de los mismos.

El Cabril, que actualmente emplea a unas trescientas personas de la comarca, comenzó a construirse en 1990 y comenzó su vida operativa en octubre de 1992.

En el almacén de El Cabril, que ocupa unas veinte hectáreas en una finca de un millar de hectáreas y que está preparado para soportar movimientos sísmicos, se verifica la calidad de los residuos y posteriormente se tratan, se reducen y se inmovilizan.

Desde una sala de control que automatiza prácticamente todos los procesos se da forma sólida a los residuos para evitar vertidos de líquidos o fugas gaseosas del material almacenado.

Posteriormente, esos restos sólidos se depositan en unos contenedores que permiten recuperarlos y trasladarlos, si se quiere.

Desde su construcción, el almacén guarda 28.218 metros cúbicos de residuos radiactivos (23.500 procedentes de las centrales, 2.500 de intervenciones especiales y 2.000 de la medicina nuclear), es decir que está al 59% de su capacidad.

El futuro ATC, cuyo emplazamiento será decidido por el Gobierno en los próximos tres meses, podrá albergar 7.000 toneladas de combustible y residuos, y unos 1.900 metros cúbicos de restos procedentes del desmantelamiento de instalaciones nucleares.

Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, insistieron en varias ocasiones en que el emplazamiento del ATC se decidirá con “el máximo consenso” y será un lugar “seguro” y “respetuoso” con los criterios medioambientales. Sin embargo, los ecologistas están radicalmente en contra de esta instalación porque la búsqueda de ese emplazamiento “no sigue un proceso científico, geológico o medioambiental”.

En opinión del responsable de la Campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, El Cabril existe gracias a una “política de hechos consumados”, ya que en esa zona ya se depositaban los desechos radiactivos desde los años 60.

De hecho, asegura, diversos estudios han confirmado después que la zona de Hornachuelos es un área “geográficamente fragmentada y situada en una cabecera de cuenca” pero ese municipio accedió a albergar el almacén después de que Enresa “comprara su voluntad”.

El caso del ATC no difiere mucho de El Cabril, según Bravo, ya que, también en este caso, se elegirá la ubicación del almacén entre los municipios candidatos, al margen de estudios medioambientales y, sobre todo, sin contar con la opinión de los agentes implicados: ecologistas, sindicatos, partidos políticos o comunidades autónomas.