El Ayuntamiento de Cádiz ha señalado hoy que "todas y cada una de las familias" a las que se adjudicaron las viviendas de alquiler social de Matadero, en un proceso que ha sido denunciado por el fiscal porque ha apreciado indicios de prevaricación, "cumplían los criterios exigidos por la legislación".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Cádiz señala que no tiene conocimiento de la denuncia presentada por la Fiscalía ante el juzgado "ni de contra quién va dirigida, ni los hechos que en su caso la sustentan, ni hasta la fecha ha sido trasladada ninguna actuación judicial al respecto".

El Ayuntamiento explica que la única información que tiene sobre ella es a través de los medios de comunicación.

En su nota, el Ayuntamiento explica que "en momento o modo alguno" la Fiscalía de Cádiz ha citado a declarar a las responsables políticas, Mercedes Colombo -coordinadora del área de Familia-, y Carmen Sánchez, -concejala de Bienestar Social y política social de Vivienda-, "lo que evidencia que no han sido objeto de investigación".

Añade que el Ayuntamiento ha colaborado "de forma exhaustiva con la Fiscalía aportando toda la información requerida y facilitando el expediente administrativo de adjudicación, donde queda patente que todas y cada una de las familias que fueron objeto de la adjudicación de las viviendas cumplían los criterios exigidos por la legislación".