El alcalde de Cádiz, José María González, de 'Por Cádiz sí se Puede' (PCSSP), ha informado de la aprobación este viernes del 'Protocolo municipal de actuación para la prevención de desahucios y atención a las personas afectadas', que arranca de manera inmediata con la creación de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda. El alcalde se ha mostrado "orgulloso" de la puesta en marcha de esta medida, que persigue que "el que la gente tenga un techo no sea una consigna vacía".

   En rueda de prensa, González ha recordado el compromiso de su gobierno --PCSSP y 'Ganar Cádiz en Común'-- para "erradicar el problema de la vivienda", que "no pasa por poner parches" como sostiene que ha hecho el Ayuntamiento hasta la fecha. Así, el protocolo establece "medidas de calado estructural" a corto, a medio y a largo plazo.

   El objetivo es "fomentar la coordinación" entre instituciones para reducir los tiempos y que haya margen de reacción para evitar que la gente se quede sin hogar. Así, por ejemplo, se implementan mecanismos de coordinación con los órganos judiciales que, previa autorización de los afectados, permiten al Ayuntamiento conocer cuándo se inicia un expediente de desalojo.

   De esta manera, hay más tiempo para encontrar una solución --evitar el desahucio o encontrar una alternativa habitacional--, haciéndolo "de manera protocolarizada, sistematizada y eliminando la improvisación como herramienta".

   Asimismo, se contemplan acciones de "asesoramiento, acompañamiento e información para los gaditanos que sufran este problema". En este sentido, ha enfatizado que "no es caridad", sino que "lo que estamos garantizando son los derechos de nuestros vecinos".

   La edil de Vivienda, Eva Tubío, de 'Ganar Cádiz en Común', ha destacado que este acuerdo viene a ratificar la colaboración social e institucional en un problema "tan grave" como este. De hecho, recuerda que este protocolo es fruto de los encuentros mantenidos entre técnicos municipales relacionados con la materia -de Asuntos Sociales o de la empresa municipal de vivienda Procasa-- con movimientos sociales y la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna.

   Asimismo, se han mantenido contactos con la Junta de Andalucía --que también tiene en marcha una Oficina de Defensa de Vivienda, aunque más orientada a la propiedad y menos a los impagos de alquiler, que ha indicado que es el principal problema en la ciudad-- y con los órganos judiciales. De hecho, ha comentado que el juez decano ha dado su visto bueno al protocolo y está pendiente de rubricarlo.

   El protocolo, que se ha basado en la experiencia de ciudades como Granada o Madrid, se va a plasmar de forma práctica en la creación de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, cuyo objetivo es ofrecer una "atención integral" a los afectados --servicios de orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios y acompañamiento social--. Así, estará dotada con dos abogados, un trabajador social y también con un educador social.

   Ha explicado que la oficina, que se ubicará físicamente en la sede de Procasa, va a iniciar su actividad con los recursos profesionales que tiene el Ayuntamiento. En cuanto a la dotación económica, ha indicado que se irá concretando a medida que vaya avanzando el programa y se analicen las necesidades en este sentido.

   Según ha indicado, se va a crear una comisión de seguimiento del protocolo antidesahucios con representación de todos los agentes implicados, que se reunirá trimestralmente para hacer el seguimiento de los casos que estuvieran en curso.

   El protocolo, que será revisado a los seis meses de su firma, establece medidas de prevención de desahucios, actuaciones de mediación y de protección, incluyendo incluso la actuación de la Policía Local en estos casos.

   Para ser beneficiario de este protocolo se requiere estar empadronado en Cádiz y carecer de vivienda alternativa, si bien se tendrán en consideración posibles excepciones a estos requisitos.

   El alcalde ha enfatizado que el protocolo y las actuaciones que contempla "no van contra nadie", sino "contra la pérdida del derecho a la vivienda". Asimismo, ha destacado que es solo "el primer paso" de una serie de actuaciones que se irán implementando en el marco del próximo Plan Local de la Vivienda, el cual se pretende que consiga hacer "prevalecer siempre la dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y la garantía de los suministros básicos".

   En esta línea, Tubío ha avanzado que el Ayuntamiento está trabajando ya en otros proyectos con los propietarios de viviendas o agentes de la propiedad inmobiliaria para que ayuden a crear una bolsa de alquiler "a precios acordes con las necesidades" de un sector importante de la población.