El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes, por unanimidad, el expediente de contratación para la licitación del servicio de limpieza de los centros y dependencias municipales de la ciudad, así como la propuesta de la estructura de costes para el servicio de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad, que ha sido adelante con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP, que ha votado en contra.
El alcalde de la ciudad, José María González, ha dado la enhorabuena a las trabajadoras del servicio de limpieza, que han estado presentes en el Pleno durante el debate de este punto y han aplaudido la aprobación del pliego que, como ha explicado el edil de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, destaca por “la recuperación de horas perdidas y recortadas durante los mandatos del PP contra este colectivo” y también por la introducción de cláusulas encaminadas a lograr “unas condiciones laborales y sociales dignas”, incluyendo la equiparación salarial.
Concretamente, el objeto del contrato es “la prestación del servicio de limpieza en distintos centros y dependencias pertenecientes al Ayuntamiento de Cádiz y que dicha prestación se realice con eficiencia técnica, funcional y social, incorporando objetivos que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de las limpiadoras y limpiadores asignados al contrato con el fin de equiparar salarialmente los derechos consolidados entre las propias trabajadoras y trabajadores que pasen a ser subrogados por el adjudicatario de este contrato, como con el personal del servicio de limpieza, cuyo contrato de prestación del servicio depende del Ayuntamiento y que trabajan en colegios públicos de Infantil y Primaria”.
Además, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y la apertura del procedimiento de contratación, además del gasto correspondiente al mismo. Cabe señalar que la duración prevista del contrato es de dos años, previéndose la posibilidad de prórroga por anualidades sucesivas, hasta un máximo de dos anualidades adicionales. El gasto máximo anual previsto es de 1,5 millones de euros y el procedimiento de contratación será abierto y sujeto a regulación armonizada.
Por otra parte, se ha aprobado la propuesta de estructura de costes para el servicio de limpieza y recogida y gestión de residuos de la ciudad para incorporarlo al expediente de contratación. Pese a las críticas relacionadas con la “tardanza” del Equipo de Gobierno para sacar adelante el pliego de un servicio “básico” para la ciudad como este, el punto ha contado con el voto a favor del PSOE y de Ciudadanos, que se han sumado a los de los grupos integrantes del Equipo de Gobierno (Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz en Común). El único que ha votado en contra ha sido el Grupo Popular, que atribuye la demora en el pliego a una “nefasta gestión” que podría provocar que la ciudad se quedara “sin servicio de limpieza en agosto de 2019”, según el concejal Ignacio Romaní, que ha señalado que se trata de una situación que “está beneficiando a la empresa hasta un punto que roza la prevaricación”.
De la fuente ha lamentado “el discurso de las siete plagas” y las “amenazas de tribunales a las que nos tiene acostumbrados el PP”, que, según ha apuntado, sería “quien habría beneficiando, si acaso, a la empresa” como consecuencia de su retraso en los pagos y los intereses de demora cuando gobernaban, mientras que el actual Equipo de Gobierno ha propiciado rebajas de 3% en este servicio por pronto pago, lo que se traduce en un ahorro mensual que al año supone cerca de medio millón de euros.
Otra propuesta del Equipo de Gobierno aprobada por unanimidad ha sido la encaminada a la subida salarial del personal laboral, técnico y auxiliar de la Fundación Municipal de la Mujer. Aunque con algunas discrepancias en cuanto a los “méritos” de este avance, todos los grupos han coincidido en señalar que se trata de un “gran día” y un “motivo de celebración” en la medida que se da respuesta a “una reivindicación que es justa y que rompe esa brecha salarial que tanto afecta a las mujeres en esta sociedad”, como ha dicho la edil de Mujer, Ana Camelo.
El alcalde ha tomado la palabra para indicar a los distintos grupos que “pueden otorgarse la medalla que quieran” en este sentido, pero añadiendo que “a ver quién para ahora en este Ayuntamiento la equiparación salarial”. Al respecto, sí ha reconocido al PSOE “el mérito de apoyarnos en esta pelea ayudándonos a blindar en los presupuestos la consignación que era necesaria”, agregando que en el Gobierno local “nos creemos de verdad eso de igual trabajo, igual salario”.
Asimismo, y también por unanimidad, el Pleno ha aprobado una operación de tesorería consistente en la concertación de un anticipo de recaudación de 2019 por valor de 30 millones de euros, con los que se persigue poder cubrir posibles desfases en cobros y pagos. Igualmente, todos los grupos han apoyado una modificación del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles de naturaleza urbana en compensación del incremento del valor catastral.
El objetivo, según ha apuntado la concejala Ana Fernández, encargada de presentar este punto, es “evitar un aumento del gasto a los vecinos y vecinas de la ciudad, siendo la opción menos mala dentro de las posibilidades que nos plantean”. Cabe señalar que el Catastro ha comunicado que Cádiz es uno de los municipios que actualizan los valores catastrales, en un coeficiente del 1,03. Para que no suponga una mayor presión fiscal para el ciudadano, lo que propone el Gobierno local es bajar el tipo de gravamen actual de 0,762 al 0,74 por ciento, a fin de compensar el citado incremento.
Todos los grupos municipales han respaldado y ratificado el texto definitivo del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para la última unidad de ejecución del Cerro del Moro. Asimismo, con el voto en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y el apoyo del PSOE y de los grupos del Equipo de Gobierno se ha aprobado inicialmente la Ordenanza para la instalación de fibra óptica en el casco histórico de Cádiz. El texto se someterá ahora a información pública por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, continuando así los trámites necesarios para su aprobación definitiva.
En otro ámbito, conforme a una iniciativa del Equipo de Gobierno, el Pleno ha acordado adherirse a la petición realizada a la Junta de Andalucía por el Aula de Cultura para que se conceda a Antonio Martín la Medalla de Oro de Andalucía, para reconocer así su aportación a las artes andaluzas como uno de los autores más laureados de la historia del Carnaval de Cádiz. También ha sido unánime el respaldo de la Corporación a la propuesta de la Comisión de de Honores y Distinciones para nombrar a Adela del Moral como Hija Predilecta de la Ciudad y a Pedro Hidalgo como Hijo Predilecto, y como Hijos Adoptivos a Isidoro Cárdeno, Hugo Vaca, Alejandro Sanz, Pascual Saturio y Michael Robinson.
En lo que respecta a las propuestas de los grupos políticos municipales, con el único voto en contra de Ciudadanos y el voto a favor del resto, ha salido adelante una propuesta conjunta de Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común encaminada a que el Obispado “cumpla con sus obligaciones urbanísticas” y desarrolle la unidad de ejecución prevista por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una parcela en Hospital de Mujeres, que afecta al patio trasero del Obispado, y que se contempla que pase a ser espacio público. Asimismo, la propuesta recoge que, en caso de que no cumpla, se iniciarán los trámites correspondientes para proceder a la expropiación y lograr los objetivos del PGOU para esta unidad de ejecución.
Por unanimidad se ha aprobado también la última propuesta conjunta de los grupos del Equipo de Gobierno, presentada a raíz de las quejas de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos sobre la situación de los comedores escolares de los colegios públicos que no son autogestionados. Así, el Pleno insta a adoptar “medidas urgentes” para mejorar la calidad y la cantidad de las raciones y corregir las “irregularidades” señaladas por las AMPA, que la Junta de Andalucía fiscalice y exija el cumplimiento del pliego a las empresas responsables y, por último, que la Administración andaluza se comprometa a realizar un plan para transitar a medio plazo a un modelo de gestión directa de los comedores escolares.