El juicio laboral por la denuncia de Manuel López, ex gerente Algesa; y de Juan José González, responsable de servicios de la misma firma, tras su despido por el consejo de administración de la empresa, al estar acusados de apropiación indebida y contra la propiedad industrial, ha quedado visto para sentencia tras más de tres horas de juicio.

Pero sin duda, las manifestaciones que más llamaron la atención fue la de la actual gerente, Patricia Rodríguez, quien declaró que el despido de su antecesor fue una “trampa política” que conoció tras asumir el cargo, arremetiendo además contra el actual equipo de gobierno. Tras no llegarse a una conciliación previa por parte de los abogados, se inició el juicio. 

El abogado de la defensa defendió el despido de González y López, argumentando que el caso (la presunta apropiación indebida de material falsificado que debía ser destruido en el punto limpio de Los Guijos el 24 de abril de 2012) tuvo una profunda trascendencia en la sociedad.

Tras entender probado el delito del que se acusa a los dos ex responsables de Algesa -cuyo juicio aún no se ha celebrado- consideró más ilógico que ambos recibiesen 8.700 euros mensuales, y que el ex gerente cuente con una cláusula de 200.000 mil euros por despido a los que sumarían otras cantidades.

Por su parte, el letrado de la acusación, consideró que no puede haber despido porque el artículo 34 del último convenio colectivo firmado en la empresa recogía que, aún con condena penal, no puede haber despido. Al mismo tiempo, recordó que la cláusula de indemnización por despido era de 2005 y desde que se rescindieron los contratos de los dos cargos (citó el pasado 1 de septiembre), hubo tiempo de estudiar la legalidad de esa clausula.

Para la acusación, “se habla de nuevo despido que se condiciona a un blindaje para subsanar una previa falta de actividad probatoria en juicios anteriores”. 

Respecto a la justificación de los despidos por los supuestos casos de apropiación indebida y contra la propiedad industrial, el letrado aseguró que Algesa no puede decir que la mercancía que salía de Los Guijos no iba al vertedero como último destino y recordó los casos de robo de material que con frecuencia se producen aquella zona, donde actualmente se está cerrando el perímetro para evitar esos asaltos. También recordó que mercancías del punto limpio se donan a particulares y colectivos de necesitados, por lo cual tampoco están justificadas las acusaciones contra los dos ex responsables de apropiación indebida y contra la propiedad industrial y, por tanto, los despidos de Algesa.

Tras estas intervenciones, llegó el turno de los testigos.  El primero, como representante del consejo de administración de Algesa, fue el actual  concejal de Limpieza, Bernabé Ramírez, quien afirmó que ambos despidos  fueron “por decisión del consejo de administración, que encarga a los técnicos la elaboración de las cartas entregadas después a sus ahora ex empleados”.

El edil también afirmó que sólo está autorizado a firmar “determinados tipos de contrataciones” y otras son “responsabilidad del consejo”.

Ramírez aseguró que no sabe si en el punto limpio “se destruye o no” totalmente el material falsificado y que conoce, al menos, “un par de donaciones” que se han realizado a gente necesitada.

José María Fernández Pérez, propietario de Transportes Toledo, la empresa que llevó la mercancía falsificada para su destrucción, dijo que daba por hecho que la el material, que llegó escoltado por los agentes de la Agencia Tributaria “fue destruido”, e insistió en que fue el primer sorprendido tras conocer todo lo ocurrido.

Precisamente luego fueron tomando la palabra tres agentes de la Agencia Tributaria que intervinieron en el dispositivo. Cada uno de ellos contó los pormenores de la operación, coincidiendo en que la mercancía se llevó al punto limpio para su destrucción pero que no se llevó a cabo, dando lugar a extraños movimientos de carga y descarga a vehículos que, según aseguraron los agentes, fueron observados desde zonas de vigilancia cercanas hasta que en la venta Los Pastores se produjo el alto al vehículo del ex gerente, en el que se localizó abundante material falsificado.

Patricia Rodríguez, por aquel entonces abogada de Algesa y responsable actualmente de la gerencia de Algesa, afirmó posteriormente delante del juez, y con absoluta contundencia, que todo se ha tratado de una “trampa política” de la que fueron víctimas los dos ex responsables de Algesa, yendo más lejos aún al explicar que todo se preparó desde que gobierna el Partido Popular.

Rodríguez explicó que durante las jornada de las detenciones, por la mañana, el ex gerente llegó a mediodía para pasar revista de las gestiones realizadas y percatarse de las incidencias para tomar soluciones.

En este sentido, y tras conocer que la mercancía de prendas falsificadas no se había destruido, continuó Rodríguez, “pidió explicaciones” al entonces jefe de servicios, Juan José González, y le ordenó la “destrucción inmediata” para su posterior traslado al vertedero. Explicó también que la insistencia de Manuel López fue absoluta hasta llegar a discutir con el propio González.

A preguntas de la acusación, afirmó después que, “una vez asumido el nuevo cargo”, se “ha enterado de toda la verdad” y, ante la insistencia del letrado, manifestó que "todo se ha tratado de una trampa política que se ha montado desde que un señor del partido que gobierna actualmente, Juan Antonio Franco, entró en la empresa”, destacando que “el objetivo era echar a estas dos personas  y había que echarlos según me dijo Bernabé Ramírez”, aseveró, apuntando además que “Franco iba en las listas del PP y está haciendo chantaje al Ayuntamiento amenazando con hablar”.

Se vivió un momento tenso cuando la actual gerente advirtió al abogado de la defensa: “Nos conocemos y no me ataques, ya te dije en tu despacho, que iba a decir la verdad”, respondiendo el letrado que “usted era abogada de un sindicato, del PSOE”, a lo cual el juez intervino para aclarar que “se juzgan los despidos y no la trayectoria profesional y política de la testigo”, a la que también ha advertido que sus denuncias de “trampa política” no tienen nada que ver con el caso.

Precisamente, el matiz político de la declaración de Rodríguez llevó a la acusación a sopesar la petición de anulación de la vista y, además, de una ampliación de la denuncia al considerar que esas declaraciones son de extrema gravedad y lesionan los derechos de sus clientes.