El pasado mes de enero se aprobaron los presupuestos municipales de Chiclana con el
voto a favor de Podemos, que alcanzó un “acuerdo de mínimos” para dar el sí a estos presupuestos. Entre las medidas acordadas con el equipo de gobierno de la Corporación municipal, se encuentra el abaratamiento y gratuidad, según los casos, de las
tasas por expedición de documentos administrativos del Ayuntamiento, ya que, según sus palabras, “resultan unas tasas totalmente excesivas que dificultan sobremanera el acceso a una información que es pública, por lo tanto de todas y todos”.
Por esta razón, el pasado 9 de marzo tuvo lugar una reunión entre el portavoz de la formación morada, Carlos Fernández, la concejala de dicha formación, Elena Coronil, la delegada de Urbanismo, Ana María González Bueno, y el jefe de servicios legales de la delegación, Fran Roncero. En esta reunión se trazaron las “
líneas iniciales para trabajar en esta tarea de facilitar el acceso a la información municipal. Hemos puesto la primera piedra para mejorar las condiciones de acceso a la información pública” declara Fernández.
En palabras del portavoz de Podemos “se han dado circunstancias en las que colectivos que se dedican a la mejora de nuestra ciudad se les han pedido cantidades desorbitadas, en ocasiones
miles de euros, para acceder a una información fundamental para realizar su cometido, lo que nos parece inasumible”. En esta línea Fernández señala que “es por eso que, entre las condiciones que pusimos para la aprobación de los presupuestos esta medida fuera una de ellas”, y prosigue diciendo que “hemos salido contentas porque tenemos que decir que la
delegada se mostró muy receptiva y comparte nuestras inquietudes respecto a este asunto”.
Ambas partes acordaron un esquema de trabajo para buscar una solución que
tenga encaje legal con la ayuda del jefe de servicios legales de la delegación, Fran Roncero, que expuso la fórmula que podría dar solución a esta anormalidad, y es que para el portavoz de la formación morada “sin transparencia no hay democracia, y, aunque en este caso existe la posibilidad de consultar la información, las tasas impuestas para ello, en algunos casos, son prohibitivas. Esto, sumado a la falta de personal en la delegación para gestionar las peticiones de información, convierte en una misión imposible que la ciudadanía tenga acceso fácilmente a una información que es pública.
Avanzar en transparencia es avanzar en democracia”.