La Navidad es el calor del hogar que invade los corazones de aquellos que amamos, la generosidad de compartir la esperanza de un mundo mejor. ¡Deja que la magia de la Navidad invada tu hogar! Sí, ya estamos en Navidad, unas fiestas muy ligadas a la familia y al hogar. Unas fiestas para estar en casa rodeado de los tuyos, junto al árbol, al pie de una chimenea, en el salón, disfrutando de una buena cena ‘hogareña’ y familiar. Pero hoy nos centraremos en la otra cara, la más triste y para ello, para despedir el año, nos hemos acercado a hablar con algunas familias de la localidad que viven las fiestas con la angustia de pesar sobre sus hogares sentencias de derribo e incluso de cárcel para algunos de sus miembros. Familias que se sientan en la mesa con la incertidumbre que da el pensar si estas serán las últimas navidades que pasen en sus casas…

Demolición y prisión para su marido si no derriba su casa. En esa situación se encuentra Margarita Rodríguez. “En septiembre nos llegó la notificación en la que se solicitaba el Ayuntamiento que demoliese la casa a la vista de que nosotros no lo vamos a hacer”, explica para añadir que, en tal caso, tendrán que asumir los costes de la misma.

Una pesadilla que comenzó en 2015, cuatro años después de construirse la casa. “Cuando comencé la vivienda me llegaron cartas desde el Ayuntamiento, pero de los juzgados desde ese año, con el consiguiente coste de abogados”, señala esta madre de tres hijos con edades comprendidas entre los cuatro y los nueve años.



Una madre que estuvo varios años esperando una vivienda VPO porque “no podía permitirme comprar un piso. Vivía en casa de mi madre y tenía que independizarme. Y era normal construirse una casa en el campo. Lo hice poquito a poco y cuando me metí dentro, en 2015, fue llegarme la casa del juzgado de Chiclana. El Ayuntamiento pidió la demolición y que me cortaran la luz y el agua, pero la jueza dijo que no porque había un menor dentro. Y a día de hoy estoy en las mismas”.

Su mayor temor es “dónde nos vamos a ir con los niños. Ya la casa me da igual. Mi temor son los niños”. Le pregunto si desde el Ayuntamiento les han ofrecido alguna solución habitacional… “En una reunión, el alcalde, Juan Bermúdez, me dijo que si cumplía los requisitos me darían un piso de Protección Oficial, pero a día de hoy nadie me ha llamado para ver si los cumplo o no. Si mañana me tiran la casa, nos quedamos en la calle”.

Tiene claro que por ella misma no va a derribar la casa, de hecho, “tampoco voy a dejar que me la tiren tan fácilmente porque yo no me salgo de mi casa… no tengo a dónde ir”, y si eso conlleva que su marido entre en prisión, “pues no será ni el primero, ni el último”.

Con esa carga sobre su cabeza, sobre su alma, incrustada en sus entrañas, unas fiestas como estas “se viven mal, muy mal. Es un trauma para mis hijos. Un trauma que viene por no hacerse bien las cosas en Conil. Es mi única vivienda”.

Una vivienda que está rodeada “de otras muchas casas irregulares. En mi zona está todo construido, pero me tocó… me siento como cabeza de turco. No es normal que con todo lo que hay construido en el campo, solo tengamos expedientes en Fiscalía unas pocas de casas”.

Desde 2015 “pienso que pueden ser las últimas navidades en mi casa y me pregunto dónde serán las siguientes. Yo me voy a cualquier lado, pero dónde meto a tres niños. Económicamente cuento con los ingresos de mi marido y una pequeña pensión, pero ni así puedo permitirme comprar un piso, ni hacerme otra casa”.

Y es que otro de los problemas “es el alto precio de la vivienda en Conil. Estuve viendo una que valía 160.000 euros. ¿Qué familia con tres niños puede acceder a una casa aquí? Es imposible”.

La cabeza no para de darle vueltas

Otro caso similar es el de Antonio Manzanares, autónomo, casado con un hijo de cuatro años y que construyó su “única” casa también en 2011. “Mi situación es prácticamente igual a la de Margarita. Tengo una sentencia firme de derribo desde hace tres años y medio. Y como no la hemos ejecutado en el plazo de dos años y medio, ya el encargado del derribo es el propio Ayuntamiento”.  Y es que “de momento no entra en mis planes derribarla yo”, a pesar de contar con una sentencia de “quince meses de cárcel, pero al no tener antecedentes no entraría en prisión, algo que puede cambiar si persistimos en el desacato”.

Manzanares explica que alrededor de su vivienda “hay muchas más casas. Hay bares. Hay supermercados, hay de todo”. Aún así, su expediente es uno de los que se mandaron a Fiscalía, con lo cual comparte esa sensación de ser cabeza de turco de un problema que afecta a siete mil edificaciones en el municipio de Conil. El problema es que los expedientes que se quedaron en el Ayuntamiento prescriben, pero los que llegan a Fiscalía, no.



“Admitimos que hemos cometido un error, pero es un error que han cometido siete mil familias y que vamos a pagar unos pocos”, se lamenta Antonio Manzanares. “Algunos de mis vecinos pagaron la multa, igual que yo, pero luego no les ha pasado nada, la mayoría no han tenido problemas”.

Antonio afirma que en fiestas como la Navidad, “uno no para de darle vueltas a la cabeza sin saber si serán las últimas navidades en la casa y pensando cómo acabará esto. Es un proceso muy largo y las soluciones no llegan”.

No hablamos de un problema individual, hablamos de un problema que afecta a toda la familia, desde los abuelos a los nietos. Virtudes Ramírez es madre de una de las afectadas que se construyó la casa “en un trocito de mi jardín. Vinieron los municipales y luego mandaron el expediente a Chiclana. Y lo mismo que el resto, multa, sentencia de derribo y cárcel para mi marido, quien asumió la responsabilidad de haberla construido”.

La herida abierta incluso en Navidad

Desde entonces luchando en mitad de un aluvión de cartas de derribo, multas, abogados. Virtudes quiere insistir en que se construyó la casa dentro de su parcela, “al lado de la mía, en el carril del sheriff, donde hay cientos de casas”.

Cientos, miles de casas que cuentan con servicios de luz, agua, fibra… parada de autobuses, colegios. Si “Conil tiene 22.000 habitantes y hay 7.000 casas ilegales, las cuentas son claras, uno de cada tres habitantes cuenta con una vivienda” en el diseminado. Eso sí, “hay alguno que tiene catorce”.

De hecho, los afectados por sentencias lamentan que a la hora de mandar los expedientes desde el Ayuntamiento a Fiscalía, no se hubieran detenido a mirar aquellos que tienen varias viviendas y no los que son el único hogar donde vivir… “la mayoría son de primera vivienda, al menos los que formamos parte de la Pavic”, la plataforma de afectados por las viviendas irregulares de Conil. Virtudes cree que “se hizo a la bulla”, aunque eso sí, “de los suyos no fueron ninguno”. Otros afectados piensan que “fue un despropósito de improvisación” e incluso que “se escogieron los que menos recursos tenemos”.

El caso es que todos piensan que “si mandan siete mil expedientes, el juez no derriba ninguno porque se daría cuenta de que aquí ha pasado algo cuya responsabilidad va más allá de quien se ha hecho la casa”.

Virtudes explica que “es la primera vivienda de su hija, que se la hizo con mucho esfuerzo y con muchos gastos que aún tiene que seguir pagando a través de préstamos”, al tiempo que lamentan que “nadie se haya puesto en contacto con nosotros para dar una solución habitacional”.

“Es un sufrimiento. Siempre sufriendo. Es una herida abierta que siempre está ahí. Y en Navidades también se piensa”. A pesar de ello, Virtudes asegura que “la esperanza no la pierdo nunca”.



Un martirio durante todo el año

“Esperanza no tengo pero las ganas de luchar no me van a faltar nunca porque es la única vivienda que tengo y es donde vivo. De hecho, mi caso está ahora en el Constitucional y en espera de lo que me dicen. Tengo una sentencia de demolición desde 2014 y prisión si no la derribo”, señala David Sánchez, casado y con un hijo de ocho años.

Su intención “es no derribarla porque no tengo otro sitio donde ir. El dinero que tenía lo invertí en mi casa y en abogados. Llevo gastado cerca de 20.000 euros entre abogados, recursos, multas”, una cantidad similar a la que llevan gastados el resto de afectados.

“Mi casa en irregular. La construí en 2012 y en 2014, cuando empecé a pagar las multas, empecé a pagar todo, luz, contribución, agua, basura… en la puerta de mi casa tengo una arqueta de Endesa”, explica David.

También “me gasté un dinero curioso (unos 7.000 euros)  en sacarme el AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) que no me ha servido para nada”.

Y hace una reflexión: “Una persona con 40 años como yo, no puedo hacerme una casa o meterme en un piso… ¿qué voy a hipotecar a mi hijo? Prefiero que me maten antes. El día que me vengan a derribar me pego un tiro en mi casa y a tomar por culo. Es así porque me están quitando la vida a poquito a poco, y lo digo literalmente”

“Tengo una parcela de mil metros y en ella vivimos mi padre, mi abuela y yo. Tres casas y solo yo tengo sentencia. En el año que me construí la vivienda, en el mismo carril se hicieron cuatro más. Y yo tengo la sentencia. Fuimos cabeza de turco para taparle la boca a no sé quien…”, añade Sánchez.

En cuanto a cómo le afecta en unas fechas tan señalas como estas fiestas, David Sánchez indica que “no diría unas navidades, es el día a día. Es un sufrimiento diario, sin saber qué va a pasar. Es ver al cartero y es como ver al demonio. Eso real y no solo en Navidad, es todo el año, en verano y en Semana Santa… Es un martirio que no se lo deseo a nadie”.

Y añade dos cuestiones. Una, “los ayuntamientos están pidiendo 12.000 euros por el derribo. Si lo haces de manera privada, te sale por 3.000 euros. Y eso es para que los tires tú”. Y la segunda que el mayor problema es para “los que vienen detrás… ¿Cuándo se podrán comprar una casa nuestros niños en Conil?”.

A un paso de entrar en prisión

Para concluir hablamos con Juan Jesús Ramírez, un vecino de 36 años, con dos hijos, uno de cuatro años y otro de año y medio, cuyo caso ha sido uno de los más mediáticos y que está a un paso de entrar en prisión. “Hace un mes y medio recibí una notificación de Fiscalía para ingresar en prisión porque no había nada nuevo (urbanísticamente hablando) para revocarlo. Lo que ocurre es que se ha vuelto a retrasar para que no coincida con estas fiestas y no sea tan duro”, nos explica en un encuentro tras un encuentro en su casa.

“Entrar voy a tener que entrar a no ser que el Ayuntamiento nos dé alguna documentación que convenza al fiscal para aplazarlo”, en relación a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que haría que su suelo sea urbanizable. Una modificación que “parece ser que ahora se está avanzando y que podría estar en su primera fase a principios de enero”.

En julio “pedimos el indulto pero ha llegado denegado. Pensábamos que nos iban a contestar en ocho o nueve meses, pero a los dos meses y media me lo denegaron. La idea era ganar tiempo para que se avanzase desde el Ayuntamiento, pero han contestado muy rápido”.

“La casa no la voy a derribar y doy por hecho que entraré en prisión. Tengo asumido que tendré que dejar a mis niños solos. Tengo una mínima esperanza de que el Ayuntamiento realmente esté trabajando en ese documento, pero yo no sé qué es lo que está pasando”, afirma Juan Jesús, quien espera que “no dejen pasar la legislatura”.



La pena es de seis meses de prisión de una condena de dos años por demolición y que al no cumplir, se le añadieron seis meses por desacato que “sería lo que tendría que cumplir”.

En cuanto a cómo está pasando estas fiestas, Juan Jesús señala que “creo que de tantos años que llevo con esto en la cabeza, pensando por qué me está pasando a mí, al final me centro en tirar para adelante y luchar por mis hijos. Tengo que centrarme y pensar que cuando venga, vendrá. Tengo claro que estas Navidades las paso aquí, pero también que quizás sean las últimas. Así llevo varios años”.

También tiene claro que “el derribo deberá ejecutarlo el Ayuntamiento porque yo no lo voy a  hacer”, aunque lo tendrá que abonar… lo que se sumará a “lo que ya llevo gastado en abogados, multas, papeles… tengo más papeles que nadie. Tengo mis escrituras, mi segregación de parcela. Tengo la fosa séptica, el AFO… más o menos llevo gastados unos 48.000 euros”.

Esperanza, “la mínima. Creo que todo depende del Ayuntamiento que son los que tienen la potestad de regularizar mi vivienda. De hecho podría derribar mi casa y darse el caso de que el año que viene me la podría construir en el mismo sitio. Eso sería aún más doloroso porque si me tiran la casa me dejan en la ruina porque no tengo nada, solo esto, todo lo invertí aquí… y al final tendría una parcela para construir pero sin dinero para hacerlo”.

Así que ojalá a Navidad sea realmente ese el calor del hogar que invade los corazones de aquellos que amamos, la generosidad de compartir la esperanza de un mundo mejor en el que nadie tenga que padecer injusticias como las que acabamos de leer y que en la ley se aplique el sentido común.