El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha abogado por hacer 'lobby' en defensa del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) entre todas las administraciones participantes para "adaptarlo a las necesidades del siglo XXI" y mejorar "tanto su cuantía como su gestión y agilidad" para que siga siendo un ejemplo de cooperación y un instrumento útil para la creación de empleo en el medio rural que fije la población al territorio.

Así se ha expresado Nieto este jueves en Córdoba durante el acto de firma, con las diputaciones andaluzas, de los convenios del PFEA, un programa cofinanciado por el Gobierno central, que a través del SEPE financia la mano de obra, y la Junta de Andalucía y las diputaciones, que sufragan los materiales al 75 y 25 por ciento respectivamente. Este año la Administración autonómica destina en total 62.623.610,87 euros, "un cinco por ciento más que en 2021, cifra proporcional al incremento fijado por el Estado", ha señalado el consejero.

En este sentido, Nieto ha mostrado el compromiso de la Junta de Andalucía a "aumentar su aportación en las próximas ediciones si el Gobierno de España incrementa la suya para hacer frente a la realidad actual marcada por la inflación".

No obstante, a su juicio, tras décadas de su puesta en marcha, es el momento de afrontar con los ayuntamientos, las diputaciones y las administraciones central y autonómica un "debate sereno sobre su presente y futuro" para "adaptarlo a la realidad de hoy y que sea útil para los vecinos y los alcaldes".

El consejero ha incidido en que el PFEA es un programa de empleo para ayudar a los ayuntamientos a crear oportunidades laborales donde más problemas de desempleo hay y fijar así la población al territorio. De hecho, a esta nueva edición los consistorios han presentado alrededor de 1.800 proyectos de obras y servicios para dotarse de mejores equipamientos e infraestructuras públicas, en beneficio de los vecinos, con los que se prevén crear más de 110.000 empleos y alrededor de dos millones de jornales.

Es, en su opinión, "una de las herramientas más potentes para luchar contra la despoblación que, gracias en parte al PFEA, no es en Andalucía un problema tan acuciante como en otras comunidades pero sí afecta a comarcas concretas como Los Pedroches en Córdoba, la Sierra de Huelva y provincias como Jaén o el interior de Granada".

Por ello, ha reconocido que al ser "una excepción para Andalucía y Extremadura a la que no le faltan voces críticas, tenemos el deber de que hacer de este programa el mejor uso posible" para que "no solo deje de estar cuestionado sino que se vea como un ejemplo" de los efectos positivos de la colaboración entre administraciones en la sociedad.

A la firma del convenio, celebrada en la Diputación de Córdoba y presidida por el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, han asistido, además de los representantes de las ocho instituciones provinciales --entre ellos los presidentes de Almería y Málaga, Javier Aureliano García y Francisco Salado, respectivamente--, la secretaria general de Administración Local de la Junta, María Luisa Ceballos, y los delegados territoriales de la consejería en las ocho provinciales.

Por provincias, el reparto de la aportación del Gobierno andaluz es el siguiente: Almería 3.494.397,49 euros; Cádiz 7.001.319,70 euros; Córdoba 9.725.446,77; Granada 8.266.316,63; Huelva 5.216.546,78 euros; Jaén 8.222.480,11; Málaga 6.832.235,95 euros y Sevilla 13.864.867,44 euros.

El PFEA forma parte del Plan de Cooperación Municipal de la Junta con los ayuntamientos que en los últimos cuatro años se ha incrementado en más de 450 millones de euros hasta alcanzarlos los 1.600 millones entre líneas de ayudas y subvenciones a las entidades locales como las que desarrolla la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Cabe agregar la Participación en los ingresos de la comunidad (Patrica) que también ha aumentado cada año desde 2019, "tras estar congelada desde 2014"; los incentivos al emprendimiento en el mundo rural; la reducción de la deuda del Gobierno con las entidades locales; las facilidades dadas a los ayuntamientos para aplazar y fraccionar el pago de sus deudas con la Junta; o las medidas de ahorro fiscal aprobadas esta misma semana en el Consejo de Gobierno.