El concejal de Fomento Comercial y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, Ricardo Rojas (PP), ha informado este miércoles de que en los próximos días abonarán los 106.159,53 euros transferidos mediante diligencia judicial para 690 personas afectadas sobre las que la empresa Gas Natural Andalucía S.A. aún no había devuelto las cantidades cobradas indebidamente por cláusulas abusivas en contratos y facturas con antigüedad en muchos de los casos superior a los 20 años.

   Así lo ha destacado el edil en una rueda de prensa, en la que ha detallado las actuaciones del Ayuntamiento en la fase ejecutiva de la sentencia sobre Gas Natural, después de que el día 1 se transfiriera la cantidad al Consistorio, que ahora notificará a los beneficiarios lo que se les devolverá y que faciliten sus datos bancarios para dicha devolución en un plazo de entre unos 15 y 20 días.

   Rojas ha detallado que a partir de la próxima semana las personas perjudicadas van a recibir la notificación en sus casas, a lo que añade que las cantidades pueden rondar entre los 30 y los 300 euros, que están condicionadas a que "coincidan el derecho de alta con la cuota del uso de la instalación comunitaria", ha apuntado el concejal, quien resalta que en menos de un mes estarán realizados los abonos, en este caso que ya es firme y "no caben más recursos, solo hacer las transferencias".

   En concreto, la Audiencia Provincial de Córdoba emitió un auto el 1 de abril que confirmó el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba del año 2013, sobre la demanda contra Gas Natural, que fue condenada a "abonar a todos los usuarios que habían estado reclamando", señala el edil, quien agrega que "habrá muchos que no se han enterado del proceso", de manera que espera que tras hacer pública la notificación de abono más personas presenten reclamaciones.

   Dichas reclamaciones se pueden incluir en la ejecución general de la acción colectiva que lleva la Fiscalía, en lo que concierne a aproximadamente 95.000 andaluces afectados por la sentencia inicial del citado juzgado, que el 28 de julio de 2003 declaró nulas, por abusivas, las cláusulas referidas al cobro del derecho de alta y las cobradas por el alquiler de las instalaciones receptoras comunes o IRC, al tiempo que condenó a la empresa a eliminar las citadas cláusulas en los contratos y devolver las cantidades cobradas por dichos conceptos.

   No obstante, Rojas explica que se han devuelto ya cantidades a más de 3.000 personas de la capital, porque no puso inconvenientes Gas Natural, si bien ahora tras confirmar la Audiencia Provincial de Córdoba el auto del año 2013 relativo a la demanda de reconocimiento de 2.529 cordobeses, serán 690 personas las que recibirán su dinero.

   En este sentido, el edil valora que este es "el resultado de defender uno a uno los casos", con "una labor tremenda" desde el Servicio Municipal de Consumo, al tiempo que resalta que el de Córdoba ha sido "el único Ayuntamiento de Andalucía que ha tirado para adelante" a tal efecto.

   Así, recuerda que son más de once años de actuaciones administrativas y judiciales en el desarrollo de "la primera acción de cesación interpuesta en Europa por dos administraciones públicas", en este caso la Fiscalía y el Ayuntamiento de la capital, "contra una empresa privada por el empleo de cláusulas abusivas en sus contratos", al tiempo que subraya la labor de la Asociación de Consumidores EA, de Jaén.

EL CASO DESDE 2003

   En concreto, el concejal delegado de Fomento Comercial y Consumo del Consistorio cordobés ha precisado que se ha llevado a cabo un trabajo de investigación por el área de Consumo desde el año 2003, a raíz de diversas reclamaciones de ciudadanos y se detectó que Gas Natural Andalucía S.A. introducía en sus condiciones generales de contratación dos cláusulas abusivas, una relativa a los derechos de alta y otra concerniente a la cuota de uso de instalación comunitaria, ya que "ambas se cobraban sin autorización administrativa".

   Al tratarse de cláusulas empleadas por Gas Natural en toda Andalucía y el asunto excedía del ámbito estrictamente municipal, el Ayuntamiento de Córdoba lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que interpuso la correspondiente acción de cesación ante el juzgado, a la que posteriormente se adhirió el propio Ayuntamiento.

   Con fecha 28 de julio de 2003, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba dictó sentencia, estimando la demanda de la Fiscalía y el Ayuntamiento y condenando a Gas Natural Andalucía a suprimir de sus contratos las cláusulas en cuestión por abusivas y a devolver a los afectados las cantidades indebidamente cobradas.

   Asimismo, la citada sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Córdoba en el año 2004 y por el Tribunal Supremo (TS) en el año 2007.

   Tras la firmeza de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, el Ayuntamiento habilitó una Oficina para atender a los posibles beneficiarios, entrevistando a cada persona que creía estar afectada y recogiendo toda la documentación de más de 4.000 clientes de Gas Natural en Córdoba.

   Ante ello, se elaboró un programa informático, en colaboración con la Asociación de Consumidores EA, para el cálculo de las cantidades adeudadas, "dado que Gas Natural Andalucía no facilitaba dichos datos", apostilla. Ello supuso "una gran dificultad", puesto que se trata de contratos y facturas con una antigüedad superior, en muchos casos, a los 20 años, lo que exigió el análisis pormenorizado de gran cantidad de documentación que hubo de ser depurada para su remisión al Juzgado.

   En cualquier caso, el Ayuntamiento notificará ahora a los 690 beneficiarios la cantidad que se les devolverá, mientras que la Fiscalía continúa con la ejecución general de la acción colectiva, de manera que de la acción de cesación podrán beneficiarse unos 100.000 andaluces.