Agentes de la Guardia Civil han investigado en Pozoblanco y Córdoba a un vecino de Sevilla, de 37 años, por la venta de productos cárnicos caducados
Agentes de la Guardia Civil han investigado en Pozoblanco y Córdoba a un vecino de Sevilla, de 37 años, por la venta de productos cárnicos caducados y han retirado del mercado más de 760 piezas.
Las investigaciones se iniciaron el pasado marzo tras la inspección realizada por la Guardia Civil de Pozoblanco en un establecimiento minorista de venta al público de carne, donde se observó productos en mal estado, algunos de ellos caducados, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Ante los indicios evidentes de que dichos productos pudieran suponer un riesgo para la salud de las personas, se decidió realizar una inspección pormenorizada de todos los que tenía a la venta en el establecimiento y aprehender de manera cautelar todo lo que su consumo pudiera suponer un riesgo para la salud de los clientes.
Ante ello, se procedió a la aprehensión cautelar de 413 productos cárnicos en mal estado, algunos con más de un año de caducidad, 211 kilogramos de carne de diferentes tipos (porcina, bovina, ave) que no tenían ningún tipo de etiquetado que reflejara su trazabilidad, ni marca de matadero que identificara su procedencia ni fecha de caducidad.
También se intervinieron 139 bandejas de loncheado cárnico, procesado por el establecimiento sin los correspondientes permisos sanitarios, que presentaban estampado en su etiquetado un sello sanitario procedente de Badajoz y perteneciente a otra empresa sin ningún tipo de vinculación con la actual que explota el comercio inspeccionado.
Ante estos hechos, se procedió a la realización de gestiones con la dirección del Área Norte de Sanidad de la Junta de Andalucía, que permitieron comprobar que dicho establecimiento carecía de los permisos sanitarios para desarrollar la actividad de procesado y envasado de productos.
Durante el desarrollo de la investigación se pudo comprobar que el sello sanitario que estaban utilizando se correspondía al de la antigua propiedad del establecimiento, y que el actual propietario estaba utilizando sus permisos y licencias de manera fraudulenta para la elaboración, procesado y envasado de artículos cárnicos.
El propietario del establecimiento comercial en el que habían sido detectados e inmovilizados los productos de alimentación tenía otros tres establecimientos comerciales ubicados en Córdoba, donde se comprobó que la gran mayoría de los productos cárnicos expuestos para la venta al consumidor final carecían de marcado sanitario.
Por ello, se procedió a la instrucción de diligencias al gerente del establecimiento como supuesto autor de un delito contra la salud pública, otro de estafa y otro de falsedad documental.