El Gobierno portugués confirmó que el oligarca ruso Roman Abramovich solicitó su autorización para poder vender el club de fútbol inglés Chelsea, trámite necesario para realizar la operación porque el magnate tiene la nacionalidad lusa.

"Portugal recibió ayer (martes) por la noche una carta de Roman Abramovich que pedía la autorización de Portugal", desveló hoy el ministro de Exteriores portugués, João Gomes Cravinho, en declaraciones a la agencia Lusa durante una visita a Cabo Verde.

Gomes Cravinho explicó que el Gobierno está analizando la carta, que abordará el asunto con la Comisión Europea y "en breve" dará respuesta al empresario ruso.

Abramovich se vio obligado a poner el Chelsea en venta a raíz de las sanciones decretadas por la guerra en Ucrania y quiere traspasarlo a un consorcio liderado por el multimillonario Todd Boehly, dueño del equipo de béisbol de Los Angeles Dodgers.

La operación, valorada en 4.250 millones de libras (4.970 millones de euros), recibió este miércoles luz verde del Gobierno británico y también fue aprobada por la Premier League.

Sin embargo, todavía es necesaria la autorización de Portugal, ya que Abramovich tiene la nacionalidad lusa desde el año pasado y está en la lista de sancionados por la Unión Europea.

El canciller luso ya había avisado de que serían "intransigentes" en la aplicación de las sanciones sobre el magnate ruso.

Portugal mantiene congelado desde marzo un inmueble valorado en 10 millones de euros de Abramovich en el Algarve (sur) y que se intentó vender dos semanas antes de la invasión a Ucrania.

El oligarca, con vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, fue sancionado por la Unión Europea el pasado 15 de marzo, lo que determina congelar sus activos e impide a los ciudadanos y empresas del bloque comunitario poner fondos a su disposición.

Los sancionados también están sujetos a una prohibición de viajar, entrar o transitar por los territorios de la UE.

Aun así, Roman Abramovich podría entrar en Portugal porque el año pasado obtuvo la nacionalidad por una ley que otorga el pasaporte luso a los descendientes de judíos sefardíes.

El proceso está bajo investigación por supuestas irregularidades con los certificados que comprobaban su ascendencia judía.