El Ministerio de Igualdad ha iniciado este lunes, y hasta el próximo 9 de noviembre, la consulta pública ciudadana para reformar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género, que permitirá blindar el Pacto de Estado y dotarlo de financiación.

La vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género concluye en menos de un año, el 22 de septiembre de 2022, cuando finaliza su compromiso económico, y el objetivo del Ministerio de Igualdad es dotarlo de permanencia para "vertebrar" la respuesta contra todas las formas de la violencia machista e incorporar un compromiso de sostenibilidad financiera.

Para conseguirlo, el departamento que dirige Irene Montero trabaja en una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género, que, a modo de ley marco contra todas las formas de violencia contra las mujeres, institucionalice el Pacto de Estado.

En la consulta pública, Igualdad recuerda que el mandato de implantar una verdadera política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España ha de constituirse como una "exhortación atemporal a las administraciones públicas que continúe vertebrando la respuesta de nuestro país contra la violencia machista".

Por ello, considera necesario emprender una reforma normativa para la institucionalización del Pacto de Estado.

Indica Igualdad que con esta modificación se pretende avanzar en la adaptación de la normativa española a los compromisos internacionales asumidos por España para prevenir y erradicar todas las formas de violencia previstas en el Convenio de Estambul.

Así, la reforma persigue la ampliación del objeto de la norma para que abarque a otras manifestaciones de la violencia machista y establecer una estructura organizativa con personal especializado, en los tres niveles de la Administración del Estado.