Alrededor de un centenar de personas se han congregado esta tarde frente al Congreso de los Diputados para exigir que la Iglesia católica devuelva la totalidad de sus propiedades inmatriculadas, que los convocantes de la protesta cifran en unas 100.000.

"Más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica. El Gobierno debe cumplir con el compromiso de recuperar estos bienes", rezaba la pancarta que han mostrado ante el Congreso los manifestantes convocados por la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia católica (Recuperando).

Esta entidad ha convocado este miércoles concentraciones ciudadanas en una veintena de localidades españolas para protestar contra el acuerdo sobre las inmatriculaciones suscrito por el Gobierno y la Conferencia Episcopal, "una estafa", según ha descrito a Efe Ildefonso Gómez, en representación de la coordinadora.

"De 100.000 bienes inmatriculados, están hablando de 1.000, por lo tanto nos están tomando el pelo tanto el Gobierno como la Iglesia (...) Si fuera un paso en la buena dirección, ellos habrían dado a conocer cuáles son las inmatriculaciones, pero es un paso en la mala dirección, porque trata de tapar cuál es el conjunto de bienes que han sido expropiados por la Iglesia", ha abundado Gómez.

El Gobierno remitió al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado un listado de 34.961 inmuebles de la Iglesia inmatriculados entre 1998 y 2015 que abría la posibilidad de reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.

Un listado que, a juicio de Recuperando, era ya insuficiente, pues omitía las inmatriculaciones previas a 1998 y ocultaba los bienes clasificados como edificios anexos.

Con el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica, ésta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.

La coordinadora considera que tanto el PSOE como Unidas Podemos, miembros de la coalición de Gobierno, han incumplido su compromiso de "efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia".

Y acusan al Gobierno, además, de "abandonar a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados".

Ante este "tratamiento privilegiado a la Iglesia", Recuperando ha solicitado una reunión con el Gobierno, que a su juicio no ha estado "a la altura de su compromiso histórico", mientras los tribunales "siguen dando cobertura a este expolio".