El Tribunal Supremo investigará al diputado del PP Alberto Casero por, supuestamente, adjudicar hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de la causa según la exposición razonada elevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) por un presunto delito de prevaricación, si bien la Fiscalía ve indicios también de malversación.

El Alto Tribunal indica que los hechos podrían ser constitutivos de delito, en una valoración que considera necesariamente muy provisional por el momento procesal en que se encuentra el asunto y de la que se ha designado instructor al magistrado Andrés Palomo.

El Juzgado de Trujillo abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.

Será el Supremo el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza, que respalda la fiscalía del Supremo.

Entre esos contratos, el auto de la jueza hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros.

Si bien "el investigado no aportó al ayuntamiento el contrato ni se instruyó expediente de contratación", tampoco "consta que se realizaran efectivamente los servicios" a mujeres víctimas.

Otro de los contratos es el convenio que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, en un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales.

Este convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el exalcalde no informó a la Intervención, tal y como recoge la exposición razonada.

La institución peruana presentó un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio por la "inactividad ante la reclamación económica de dos facturas por 30.250 euros", si bien "no fueron abonadas por reparos de la intervención", subraya la jueza.

Este también hace referencia a la contratación en 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye, que organiza la asociación Bon Vivant, y que antes se celebraba en la capital cacereña y actualmente en Plasencia, por 42.000 euros, sin "procedimiento administrativo alguno de contratación".

Otro contrato hace alusión a la empresa Ícaro Consultores para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por 14.403 euros. Se firmó en 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes.

Por último, el ahora diputado popular suscribió con la empresa Radio Interior S. L. un contrato de servicios de comunicación y promoción de la citada feria, "debiendo ser licitado en procedimiento abierto.