La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asegurado que mantiene los mismos criterios de actuación que existían en la reapertura de la investigación del asesinato por ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, frente a informaciones que hablan de un cambio de postura en este caso.

A través de una nota de prensa para expresar algunas puntualizaciones, la Fiscalía defiende que "continuará ejerciendo sus funciones como hasta el momento lo ha venido haciendo, con profesionalidad, legalidad y lealtad", y rechaza haber recibido directrices "de ningún tipo, y menos de carácter político" como se insinúa en algunas informaciones.

El fiscal que asistió al interrogatorio como investigados de los exjefes de ETA Mikel Albisu, Mikel Antza y Soledad Iparraguirre, Anboto, por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua manifestó sus dudas del éxito de este tipo de causas por considerar prescritos los delitos y por apoyarse únicamente en informes de inteligencia, según explicaron a Efe fuentes presentes en la declaración.

Así, declinó pedir medidas cautelares para los etarras como sí hicieron el resto de acusaciones -Dignidad y Justicia, Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP-.

El fiscal del caso expresó su apoyo al procedimiento porque las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, aunque consideró complicado que saliera adelante por la prescripción de los delitos dado el tiempo transcurrido y al estimar insuficientes para que prospere una acusación los informes de inteligencia de la Guardia Civil que apuntan a la responsabilidad de la cúpula etarra en este crimen.

En el comunicado dirigido a los medios, la Fiscalía señala que "la prescripción, que se ha de declarar en el momento procesal oportuno, no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional, cuyas reaperturas, no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Publico".

Recuerda que el cómputo de la prescripción en el ordenamiento jurídico comienza con el hecho delictivo y se interrumpe cuando el procedimiento de dirige contra persona concreta mediante acto de imputación.

"La Fiscalía solo se rige por criterios legales y jurisprudenciales; por tanto los criterios de actuación -en este caso- siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura", asevera el Ministerio Público.