Aboga, además, por modificar otro de los artículos relativo a los proxenetas, que en el texto socialista incluía unas penas de prisión de uno a tres años
El grupo confederal de Unidas Podemos ha enmendado la ley impulsada por el PSOE contra el proxenetismo para que la norma, que se tramita en el Congreso, entre otras cosas no incluya el artículo en el que sanciona a los que acuden a la prostitución.
Este miércoles a las seis de la tarde finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas al articulado a esta futura ley socialista, que ha recibido propuestas de modificación de otros grupos.
Unidas Podemos quiere eliminar el artículo 187 ter, que indica que "el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses".
Ese artículo también contempla que "en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses".
El grupo parlamentario defiende que el modelo sancionador del cliente supondrá que las fuerzas de seguridad intensificarán su "control y persecución" también para las mujeres que ejerzan.
Unidas Podemos aboga, además, por modificar otro de los artículos relativo a los proxenetas, que en el texto socialista incluía unas penas de prisión de uno a tres años.
De esta forma, el grupo confederal quiere que la pena sea de dos a cuatro años y modifica el texto para que sea culpable el que "se lucre explotando la prostitución de otra persona".
"Se entenderá que hay explotación cuando exista una relación de dependencia o subordinación en la que quien se lucra impone las circunstancias de toda índole que condicionan la libertad sexual de la víctima".
Unidas Podemos estima que "es necesario" incluir el término “explotación” para no poner en riesgo a las prostitutas.
Y también quiere modificar el artículo relativo a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer la prostitución (la tercería locativa), para los que pide una pena de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses.
El PP, que apoyo la tramitación de la ley, también ha registrado sus propuestas, en las que quieren "hacer efectiva la persecución del delito y promover un diagnóstico de la situación" y un plan de actuación con las medidas que considera más adecuadas para que las mujeres dejen la prostitución.
Asimismo, exige al Gobierno la presentación en un plazo máximo de seis meses de un proyecto de ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Por su parte, Vox sostiene en sus enmiendas que la prostitución es "un mal moral" y propone que el cliente sea multado si conoce o puede conocer "con una diligencia media" que la persona se prostituye "motivada por un contexto de grave falta de libertad", lo que incluye la trata o la adicción al alcohol, drogas u otras sustancias.
Eleva el castigo para el delito de trata y planea penas más elevadas, tanto para clientes como para proxenetas, si se trata de menores o personas con discapacidad.
Considera sin embargo que ser reconocida como víctima no debe comportar la paralización de un expediente de expulsión en virtud de la ley de extranjería.
Sobre la tercería locativa, Vox pide dejar claro que no se castigará al propietario de un inmueble que se vea envuelto sin saberlo en una trama de prostitución que tiene lugar dentro de su propiedad.
El PNV, por su parte, ha registrado tres enmiendas para, según señala en una nota, "dejar sin efecto" la proposición de ley socialista porque considera que aborda el fenómeno "desde una aproximación exclusivamente punitiva".
En este sentido, se reafirma en su propuesta de constituir una subcomisión en el Congreso sobre la situación de la prostitución antes de realizar cualquier reforma ya que es un tema que antes de reformar el Código Penal "requiere de debate previo y del mayor consenso posible”.
Las presentadas por Ciudadanos abundan en la necesidad de suprimir los apartados que impiden el desarrollo "en condiciones de libertad del trabajo sexual" y aclaran el concepto de las personas que pueden verse forzadas mediante violencia, intimidación o engaño.
