Un total de siete nuevos juzgados entran este jueves en funcionamiento en la comunidad autónoma en las provincias de Huelva, Málaga, Jaén, Cádiz y Granada, con lo que la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía cumple así con los plazos acordados con el Ministerio de Justicia tras la reprogramación de sedes judiciales realizada en 2010.

Concretamente, se trata del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella, el 5 de Fuengirola (ambos malagueños), así como el de Instrucción 8 de Córdoba, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte (Huelva) y 5 de Linares (Jaén), el de Vigilancia Penitenciaria 2 de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María (Cádiz) y el de lo Penal 2 de Motril (Granada).

La puesta en marcha de los nuevos juzgados, que están conectados al sistema de gestión procesal Adriano, supone un importante esfuerzo para la Junta, que asume la creación de los espacios, su adecuación y el pago a los 54 funcionarios autonómicos que trabajarán en ellos, según ha destacado el departamento de Francisco Menacho en un comunicado de prensa.

Estas nuevas unidades vienen a reforzar la planta judicial de la comunidad andaluza, que cuenta en la actualidad con un total de 636 órganos unipersonales, 40 secciones de audiencias provinciales, así como siete salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de nueve plazas de magistrados de adscripción territorial, estos últimos sin tribunal concreto y destinados a reforzar aquellos juzgados que siguen grandes procesos y a cubrir las ausencias prolongadas de jueces y magistrados.

UN TOTAL DE 222 NUEVOS JUZGADOS

De esta forma, desde que la Administración autonómica asumió las competencias en materia de Justicia se han creado un total de 222 juzgados, lo que supone un aumento del 48 por ciento en la estructura judicial.

En cuanto a la ubicación de las nuevas sedes judiciales, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte (Huelva) y 5 de Linares (Jaén) comenzarán a funcionar de forma provisional en los actuales edificios de los juzgados, y posteriormente se trasladarán a sendos inmuebles que se están adecuando para ello. El ayamontino estará junto al cuartel de la Guardia Civil mientras el linarense funcionará en unas dependencias situadas a unos 100 metros de las principales.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba estará en el palacio de Justicia de la capital cordobesa, su emplazamiento definitivo, para lo cual ha sido necesario el traslado de los juzgados de Primera Instancia número 9 y 10 a la nueva sede de la calle Periodista Quesada Chacón. En la provincia de Cádiz, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de la localidad de El Puerto de Santa María se crea en unas oficinas de nuevo uso situadas frente al edificio que alberga el resto de órganos judiciales.

Por lo que respecta a los juzgados malagueños, ambos se han instalado en locales situados junto a otras sedes, ya que en ambos municipios existen tres emplazamientos judiciales. Así, el de Primera Instancia número 8 de Marbella se localiza junto al Juzgado de Primera Instancia número 7 y al de Violencia contra la Mujer, mientras que el 5 de Fuengirola se encuentra anexo al de Violencia contra la Mujer.

REPROGRAMACIÓN DE LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Por último, el Penal 2 de Motril nace dentro del palacio de Justicia de esta localidad, para lo cual ha sido necesario reordenar la distribución de los espacios dentro del mismo y trasladar el área sur del Instituto de Medicina Legal de Granada a otro inmueble.

Andalucía, al igual que otras comunidades autónomas y con el fin de ajustarse al escenario presupuestario vigente, decidió el pasado año reprogramar la entrada en funcionamiento de parte de los órganos judiciales y acometer la ampliación de sus infraestructuras en dos fases, una a finales de 2010, en la que se crearon seis juzgados y dos plazas de magistrados, y otra el 30 de junio de 2011, con siete juzgados.

La designación de estos órganos judiciales parte de la Comisión Mixta entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Administración autonómica, que la remite al Ministerio de Justicia. Además, en la actualidad la Junta de Andalucía está impulsando la creación de la nueva Oficina Judicial en la comunidad autónoma.

Esta implica una reorganización en profundidad de las estructuras actuales, la creación de servicios comunes que se encarguen de centralizar asuntos (como las notificaciones) con el fin de lograr una Administración más eficiente, ágil y cercana al ciudadano.

En paralelo, se están acometiendo mejoras tecnológicas en el sistema judicial con herramientas como el Lexnet, un sistema de notificaciones telemáticas similar al correo electrónico entre el juzgado y los procuradores que se realiza con todas las garantías de seguridad que deben implicar este tipo de comunicaciones y que permite ahorrar tiempo y traslados, además de papel.