Hace ahora casi diez años, en febrero de 2002, un grupo de universitarios de Sevilla, que llevaban meses protestando contra la LOU, la Ley de Universidades del gobierno de José María Aznar, protagonizaron un incidente en el Rectorado. Justo cuando la Junta de Gobierno iba a aprobar el decreto que comenzaba a implantar dicha ley en la Hispalense, un grupo entró por la fuerza en el Rectorado hasta llegar a la propia Junta, forzando varias puertas utilizando “palanquetas y barras de hierro”, según la Fiscalía, que ejercerá la acusación contra las 24 personas acusadas de desórdenes públicos, daños contra el patrimonio y lesiones. Esto podría suponer un año de cárcel, y el pago de 150.000 euros.

Desde la Red de Apoyo a los estudiantes Anti-Lou solicitan la libre absolución de todos los acusados. También denuncian que se trata de un proceso “cargado de irregularidades” en el que “se ha imputado a personas que ni siquiera participaron en la protesta”, según explicó Macarena Hernández en una rueda de prensa el pasado jueves.
La red lleva casi desde el día que fueron imputados organizando actividades de cara a recoger dinero para hacer frente a las posibles multas. Hernández también criticó que “con este juicio se persiguen ideas y no hechos”.
“No es normal que un juzgado tarde diez años”, explica Luis Ocaña, uno de los abogados que defenderá a uno de los grupos que también criticó que cinco de los acusados “serán juzgados doblemente”, en referencia al grupo que fue expulsado durante cinco años de la Universidad de Sevilla. “En todo este tiempo podían haber estudiado hasta dos licenciaturas”, dijo Ocaña, que tachó el juicio de “político”.

“Se utilizó este hecho como excusa para criminalizar a todo el movimiento estudiantil”, criticó Hernández, que pidió la libre absolución.

La vista oral de este juicio durará dos semanas, con sesiones previstas para los días 6,8,11.13 y 15. En un principio se sopesó la posibilidad de celebrar el juicio en una sala de la Audiencia provincial. pero finalmente se hará en el edificio Noga.