La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, respeta "la autonomía" del gobierno municipal del PP en la capital "para decidir qué proyecto le encaja más", si bien asegura estar "perpleja" porque "con carácter oficial no ha comunicado nada ni hay ninguna comunicación del Ayuntamiento" sobre cualquier decisión tomada respecto al futuro del Centro de Congresos.

En declaraciones a Europa Press, Ambrosio ha manifestado que "como institución no nos podemos dar por enterados de que hay un cambio de opinión por parte del Ayuntamiento", puesto que "la comunicación entre instituciones se hace a través de documentos con información escrita", y "a día de hoy no hemos recibido ningún documento que modifique la apuesta consensuada tanto del Ayuntamiento como de la Junta y el Ministerio de Industria para construir y poner en funcionamiento el Centro de Congresos".

De este modo, aclara que "oficialmente no conocemos nada más allá de lo que se haya publicado en los medios de comunicación", por lo tanto "si hay alguna modificación lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es comunicarlo como se hacen las comunicaciones entre instituciones, a través de un escrito o documento donde nos dé la certeza de cuáles son las nuevas intenciones".

En este sentido, advierte que "si decide rescindir y dar por cerrado el convenio", entre las tres citadas administraciones, "el Ayuntamiento tiene que abonar a la Junta la devolución de los cuatro millones de euros ingresados en el 2011", porque, tal y como explica la delegada del Gobierno, "la aportación es una subvención finalista para el Centro de Congresos y no para otro proyecto".

Así, recuerda que "manteniendo la voluntad que había manifestado el equipo de gobierno habíamos dado algunos pasos" el año pasado para la ampliación de prórroga del inicio de la obra, "a la que la Junta dio respuesta en el mes de agosto de 2011", además de la modificación de "alguna de las cláusulas del convenio para facilitar y dar respuesta al gobierno del PP, le facilitamos que los ingresos y aportaciones fueran de carácter mensual y, aunque la licitación fuera más baja, seguíamos comprometiendo 18 millones de euros", al tiempo que el Gobierno andaluz ingresó "los cuatro millones de euros que correspondían a la anualidad de 2011".