La comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño de Sevilla, parte demandante de la primera sentencia que confirma la anulación de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) relativas a la construcción de la biblioteca central de la Universidad de Sevilla (US) en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha reaccionado a la propuesta del PSOE municipal --que pide aprovechar la inversión de la Hispalense en la zona con un proyecto alternativo-- ateniéndose al fallo judicial existente.
El presidente de la comunidad, José Cubiles, ha subrayado a Europa Press que "los árboles y sus raíces son incompatibles con el cemento, según tenemos visto y comprobado", toda vez que la principal pretensión de los residentes es recuperar como zona verde el entorno donde comenzó a construirse el inmueble.
"Lo que tenemos es una sentencia que afecta a algo que se declara mal hecho, y por lo que hay que volver a lo que estaba antes", ha incidido Cubiles, recalcando la "nulidad de los actos administrativos" impuesta por los tribunales, "lo que comporta retrotraer las cosas a su sitio; después, los políticos pueden decir lo que quieran".
Asimismo, el líder vecinal ha manifestado que un posible acuerdo extrajudicial con los afectados no sería fácil, dada la existencia de ocho comunidades personadas en el caso de la biblioteca, que finalmente no se construirá en este emplazamiento al haber anunciado la Universidad que renuncia al proyecto promovido hasta ahora.
El portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas, desgranó su propuesta, consistente en promover otro proyecto alternativo en la misma parcela que sea compatible con los usos del terreno --el próximo Pleno municipal conocerá el cambio de calificación de este suelo de educativo a sistema de espacio libre de uso y dominio público-- y con el propio entorno, para lo cual sugiere una reordenación de la calle Diego de Riaño, "infrautilizada y muy ancha" y que podría ser objeto de reducción vial para complementar esta iniciativa.
La actual situación se establece en que los vecinos recurrentes han solicitado la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2011 que anula el planeamiento urbanístico en esta zona. Sin embargo, Espadas ha insistido en que el fallo judicial no obliga a demoler lo ya construido, sino que, desestimando el recurso de casación interpuesto, corrige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al entender que "es posible y legal la calificación de los terrenos del parque como educativos, aunque el Ayuntamiento no lo justificó adecuadamente".
