El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por M. C. P. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada en la causa que se siguió contra el mismo por un delito de asesinato.
Se viene pues a confirmar la condena por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas por los que, además de las indemnizaciones que se reconocieron a la viuda e hijos de la víctima, se le impusieron al condenado 15 años y 8 meses de prisión y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la esposa e hijos de la víctima, de su domicilio u otro lugar frecuentado por ellos y de comunicarse con los mismos por cualquier medio durante 17 años. 

En la Ribera 

Los hechos ahora enjuiciados por el TS se remontan al pasado 1 de febrero de 2006 cuando M. C. P. haciendo uso de una carabina que poseía sin licencia, ni guía de pertenencia se dirigió a las inmediaciones del cortijo Los Gallardos y tras localizar Manuel García Pleguezuelos, disparo contra este en repetidas ocasiones. Dos de los disparos alcanzaron a la víctima ocasionándole la muerte.
Sostiene el Tribunal Supremo que la utilización de un arma de fuego frente a quien se encuentra inerme, esto es, sin ninguna clase de arma defensiva, debe considerarse una acción alevosa, pues no cabe imaginar una situación de mayor indefensión que la que se puede encontrar una víctima frente a quien le arremete con un arma de fuego.
Además de confirmar la alevosía en el proceder del condenado el TS desestima cualquier posibilidad de atenuación de la pena por no considerar aplicables las circunstancias de arrebato u obcecación aludidas por el condenado. 

En Albolote 

La sentencia está ya siendo ejecutada por la Audiencia Provincial de Granada que la ha remitido al Centro Penitenciario de Albolote donde el condenado se encuentra preso desde el día de los hechos y donde permanecerá recluido hasta el cumplimiento de la condena.
Los abogados de la familia de la victima Alcón y Asociados, destacan cómo las dos instancias judiciales, tanto la Audiencia Provincial de Granada como el Tribunal Supremo, han corroborado la tesis mantenida por la acusación particular en defensa de los intereses de la familia de la victima.